EN EL CASO SOACHA, LA INSTITUCIÓN POLICIAL PAGA LOS PLATOS ROTOS POR LA NEGLIGENCIA DEL ESTADO
Cuando hablamos del Estado nos referimos a todos los que hacemos parte de él. Los gobernantes, las autoridades, lo legisladores, la sociedad en su conjunto y la comunidad en general. Y es que en el caso sobre el cual nos pronunciaremos resultan involucrados todos estos actores; unos por omisión, otros por decidia en el cumplimiento de su función, otros por incapacidad de acción, y otros por infractores y por asumir conductas contrarias a la convivencia y a las normas de civilidad y cultura ciudadana.
Nos referimos al caso sucedido el pasado mes de septiembre del año 2020 en el CAI de la Policía Nacional ubicado en el sector de San Mateo en la localidad de Soacha Cundinamarca, donde se registró un hecho que a la luz de los medios amarillistas de comunicación produjo la muerte de ocho personas – en realidad allí no felleció ninguno- y quienes por medio de la manipulación de la opinón de familiares considerados testigos -desde todo punto de vista imparciales- han dejado en la percepción y en la conciencia colectiva que los policiales fueron los autores de este lamentable hecho el cual nos llena de preocupación y nos afecta en la tranquilidad y en la percepción de que cada vez más la convivencia pacífica de los ciudadanos es afectada.
El caso tiene varios puntos de análisis, desde las razones de su origen, hasta los hechos mismos, sus causas y responsables. En este sentido, el origen de los hechos está claramente evidenciado en la problemática sobre la cual ya nos hemos pronunciado referente a la decisión inoportuna e irresponsable de algunas autoridades de tomar las instalaciones policiales como centros de reclusión, pero en este caso ya van al extremo, por que han sido tomadas instalaciones grandes como el Centro de Estudios Superiores de la Policia Nacional, también sus Estaciones de Policia que tiene mediana capacidad en instalaciones, pero en este caso ya hasta un CAI, que se caracteriza por ser una unidad básica y muy limitada en su capacidad de instalaciones y en recursos para garantizar las condiciones mínimas para mantener personas privadas de la libertad. Y esto es de pleno conocimiento de todas las autoridades y de todos los organismos de control del Estado y de todos los medios de comunicación.
Sin embargo, todos con su anuencia aceptan que esto ocurra y bajan la vista o la ponen hacia otro lado sin pronunciarse ni dar solución. Solamente una hidalga institución como es la Policía Nacional asume la solución mediática al problema y los recibe acosta del amplio e inminente riesgo de la vulneración de derechos de quienes allí son recluidos. No lo hace por beneplácito, sino por la obligación que le imponen las circunstancias legales de asumir la situación de personas capturadas por delitos y que instituciones como la Fiscalía General de la Nación no han dado solución para impementar centros de mantenimiento de capturados y sindicados ya que la insuficiencia de las URI también es evidente. Y he dicho que es la obligación que le impone las circunstancias por que una vez la Policía hace una captura y mucho más si es en flagrancia no tiene ninguna autoridad legal para dejar estas personas en libertad o con cualquier otra medida, sino que debe ponerlas a disposición de la Fiscalía.
Esto deja claro y de manera concreta que es el mismo Estado el que ha propiciado el hecho en comento, con su falta de acción, de decisiones, de proveer una infraestructura y de implementar políticas de Estado en materia criminal y en la carcelaria, que planteen soluciones reales y necesarias para evitar esta bomba de tiempo que aún sigue activada. Esta es solamente la punta del iceberg, por que ¿cuantas son las unidades policiales donde hoy hay personas privadas de la libertad? La verdad es que el problema se da en todo el contexto nacional.
En cuanto al origen, cual ha sido el papel del Congreso de la República, para legislar sobre centros de reclusión en cada municipio del país, para apropiar recursos económicos para el sostenimiento y para que con la disgregación se cuente con mayor capacidad de reclusión pero con centros que en promedio tengan un número bajo o medio de reclusos lo que permite mejor control, prevenir grandes revueltas, evitar el concierto para delinquir que se da desde las cárceles y otros fenómenos que surgen en los grandes centros penitenciarios. Soacha es un municipio de gran tamaño y población que no cuenta con carcel para reclusos que han violado la ley penal.
¿Cuales fueron las acciones de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo para pronunciarse y evitar que estas personas se encontraran recluidas en ese CAI? No cumplen una acción preventiva sino reactiva, cuando se presentan los hechos es cuando comienzan las investigaciones para encontrar culpables de algo que ha sido propiciado con la anuencia de todos. Los mismos pronunciamientos de la Policía no tienen eco en estas instituciones, y que ironía, estos organismos si están para exigirle a la Policía que cumpla con la protección y garantía de los derechos humanos en medio de la incoherencia al conocer directamente que estas personas no deberían estar allí recluidas y con el conocimiento pleno de que las instalaciones policiales no pueden suplir esas condiciones por no ser centros de reclusión, sin embargo lo exigen; pero lo hacen para dejar antecedentes y cuidarse las espaldas.
Pero el problema ya está creado y en el presente caso tolerado por todas las autoridades, entre ellas los alcaldes que como jefes de policía deberían promover acciones ante el gobierno nacional y las instancias del ministerio de justicia para buscar la solución, ya que el problema lleva más de una década, encubando diversas situaciones, donde algunas de ellas hacen crisis como el caso de Soacha.
Entre todo lo que se ha podido documentar sobre las causas, también cabe destacar que se dieron unas condiciones de tiempo, modo y lugar que en un ambiente de intolerancia y de desconocimiento de la autoridad se pretendió vulnerar las disposiciones restrictivas que se debian cumplir a causa de la pandemia, en que un grupo de familiares pretendía afuerza y exigencia doblegar a la autoridad bajo circunstancias de intransigencia, presión y amenaza de acciones de hecho, que desde el interior de la unidad policial produjo unas acciones de quienes estaban recluidos que fueron determinantes para el origen de los hechos y los consecuentes resultados lamentables.
Pero este enfoque no ha sido tratado por los medios de comunicación, por que con el manejo de la opinión le apuestan al reiting sin importar el enfoque de verdad en las informaciones. ¿Por qué se afirma esto?, porque en ninguna de las versiones se ha dicho ni han aparecido pruebas de que algún miembro de la Policía haya prendido fuego dentro de la celda, al contrario las versiones están claras que se produjo por alguien dentro del lugar, o sea por un retenido, pero esto no ha sido destacado por los medios de comunicación, lo cual es muestra de imparcialidad y el deseo de atacar a una institución que al contrario asume este tipo de riesgos como solución al problema mayor del hacinamiento en las cárceles.
Los que están vivos saben quien prendió el fuego, pero en su condicion de transgresores de la ley y bajo esta mentalidad no están dispuestos a decirlo por que en ellos predomina este comportamiento irregular. ¿De que artimañas se valieron para ingresar el elemento iniciador del fuego, bien sea el fósforo, o el material inflamable combustible?. No se puede decir que quien prendió el fuego no sabía que estaba atentando contra la vida de todos los que estaban allí encerrados. Sin embargo, lo hizo con mentalidad homicida. Pero ¿hasta donde las autoridades de investigación como la Fiscalía se han enfocado en esto? ¿Hasta donde el juez ha tomado esta perspectiva? Las autoridades deben tener claro que quien prendió el fuego es el culpable de las muertes, es el asesino, sin embargo tampoco han centrado su juzgamiento en ellos sino en enjuciar a la institución. Los grandes titulares muestran el llamamiento a juicio a los miembros de la Policía, pero para nada señalan el esclareciemiento de quienes fueron los autores intelectuales y materiales de los homicidios, porque los hubo. ¿Será ineptitud e incompetencia en conocimientos de investigación criminal? ¿Cuales fueron las pruebas prácticadas a los heridos y a los fallecidos? Bueno eso se lo dejo a los asiduos investigadores! Pero ya han pasado seis meses desde que ocurrieron los hechos y no han dicho nada al respecto.
Esa postura de algunos jueces de inclinar la balanza en perjuicio de la sociedad y en favor de la ilegalidad es la que ampara y promueve los comportamientos antisociales que afectan al ciudadano, el cual tiene que “aguantarse” por que así lo disponen algunos honorables jueces que son pagados con los impuestos que sufragamos los ciudadanos de bien. Y no son razonamientos falsos, se han conocido casos donde frecuentemente delincuentes son capturados por la Policía y estos registran ser reincidentes en multiplicidad de hechos delincuenciales, sin embargo vuelven a recibir el beneficio de la libertad condicional otorgada por ellos.
Categorizando la responsabiliad en el hecho que se analiza, está claro que el primer responsable de las muertes es quien inició el fuego, a este se suma quien ingreso y puso a disposición el elemento iniciador ya que en conciencia sabian por ser seres racionales, que cometer esa acción causaría por lo menos graves daños a todos los recluidos ya que eran conocedores presenciales de las condiciones de riesgo en las que se encontraban. Sin embargo lo hicieron.
Hipotéticamente y desde mi experiencia como investigador, me atrevo a decir que seguramente lo realizaron para poner en “jake” a los policiales que cuidaban el lugar y así propiciar la fuga, tratando de generar una estampida que les permitiera huir del lugar y escapar de las autoridades. Y en una tercera linea, pero ya por presunta omisión ante una situación no creada por ellos están los policiales integrantes del CAI y corresponsablemente los comandantes de la unidad, que tienen que asumir su defensa así tengan en contra a los medios de comunicación y a un sector de la opinión pública manipulada, por hechos resultantes a causa de un Estado negligente y la hipocresía de unas autoridades judiciales, investigadoras y de control que como “judas” se lavan las manos y buscan la tranquilidad de conciencia adjudicando culpabilidad a otros por encima de su propia ineptitud.
Hoy se enjuicia a la institución, e incoherentemente se le responsabiliza y el ciudadano del común que desde la ignoracia poco entiende de la magnitud real del problema, de sus causas y de sus responsables, emiten conceptos de rechazo y animadversión hacia quienes en la realidad han tenido que cargar con este gran problema y pagar los platos rotos, por que en estos casos siempre hay que encontrar el culpable para quedar todos tranquilos.
Por : Coronel Jorge Elías Salazar Pedreros
Vicepresidente Colegio de Coroneles