Desmontar la especialidad de Tránsito de la Policía Nacional de Colombia
“Cuando no se tiene el poder
y la suficiente voz,
ésta no será escuchada”
Los acontecimientos recientes en la historia del país y voces de diferentes sectores pregonan reformas a la Policía Nacional, en algunas de sus especialidades y la terminación de otras, dentro de ellas la especialidad de Transito y Transportes, que es un cuerpo especializado, cuya misión fundamental es la de contribuir con la movilidad vial y de peatones, aplicación de las normas de tránsito y la prevención de la accidentalidad en las vías públicas del territorio nacional, creada mediante decreto 847 de 1929 bajo la presidencia del Dr. Miguel Abadía Méndez.
Durante su historia la especialidad ha tenido diferentes connotaciones en su organización y estructura, sin perder en ningún momento su función principal, el control y el ordenamiento de la circulación vial, fue así como en 1936 mediante decreto 1715 se implementó el servicio de Policía Vial, en 1955 mediante decreto 2816 del 25 de octubre se creó la Especialidad de Policía Vial.
Finalmente en el año 2006 mediante decreto 4222 del 23 de noviembre, el Ministerio de Defensa Nacional creó la Dirección de Tránsito y Transporte como un organismo especializado de la Policía Nacional, fue en el año 2010 que mediante Resolución 00202 de enero 26, definió la Estructura Interna, determinó y reitero las funciones de ésta Dirección, además de propender por lograr una cultura ciudadana en la seguridad vial, una conciencia colectiva de solidaridad, autorregulación y disciplina social en todo el sector transportador del país.
Nada de improvisación en su organización, y dirección de esta especialidad casi centenaria, desconocer sus resultados en pro de la seguridad y convivencia ciudadana sería un despropósito.
Se dice que se debe desmontar, básicamente por: la corrupción interna, porque se ha convertido en un organismo recolector de impuestos, pero fundamentalmente para incrementar el número de personal que hoy presta el servicio de vigilancia común y por ser una Política dentro del MARCO DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA, del actual gobierno, en su numera 7.8.1, literal 5°, cuyo desmonte debe ser gradual, siendo asumidas las funciones de tránsito por los entes territoriales, quienes deben crear un cuerpo de tránsito civil.
Como entender que la Policía de Tránsito, en cumplimiento de sus funciones, se pueda desvincular de la función fundamental que cumple la Policía Nacional a través, no solo de esta especialidad, sino de las demás especialidades, en ser un factor determinante en la convivencia y seguridad ciudadana y la protección de la vida, honra y bienes de los usuarios de las vías. Veamos el por qué.
Existen múltiples conceptos y nociones del término “Seguridad Ciudadana”, y su contenido puede variar y contemplar varios factores, sin embargo, es preciso señalar la siguiente definición, para determinar que la actividad y control del tránsito, no es ajena a la convivencia y seguridad ciudadana.
“La seguridad ciudadana es la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía y de otras organizaciones de interés público, destinada a asegurar su convivencia y desarrollo pacífico, la erradicación de la violencia, la utilización pacífica y ordenada de vías y de espacios públicos y, en general, evitar la comisión de delitos y faltas contra las personas y sus bienes”
Argumentar pues, que la Policía de Tránsito no cumple una función de seguridad y convivencia ciudadana, dedicada solo a la imposición de comparendos por infracciones a las normas que regulan la movilidad de los usuarios de las vías, resulta un tanto paradójico, por cuanto hace parte integral de ella, y dentro de lo establecido por la Constitución, al determinar que la Policía Nacional, mantendrá las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, garantizar la vida, honra y bienes de todos los ciudadanos residentes en el territorio nacional.
Desconocer que con su presencia y el control vial en la movilidad no está contribuyendo a la seguridad en general y a la prevención de la accidental vial, resultaría ilógico, que hoy está declarada como un asunto de salud pública, a nivel mundial y en donde los gobiernos deben fijar su atención para evitarla, habida cuenta de las grandes sumas de dinero que ella representa, en daños a los bienes públicos, privados, a la pérdida de vidas humanas y a la recuperación, casi imposible de la población herida, resultante de este fenómeno vial.
De otro lado opiniones de algunos sectores manifiestan estar de acuerdo con su desmonte , por cuanto la actividad de tránsito es una función de condiciones simples, que cualquier funcionario con mediana preparación puede hacerla cumplir, y en efecto puede ser así, en consideración a que las leyes de tránsito, son muy claras, precisas y de fácil cumplimiento, que no necesitan ninguna controversia o interpretación, quien pasó el semáforo en rojo lo pasó, quien excedió el límite de velocidad lo excedió, siendo además el acto más voluntario de la conducta humana, contravenir una disposición vial, sin embargo en Colombia un país desafortunadamente violento, con una cultura y una tendencia a la ilegalidad resulta complejo, no es ajeno ver escenas recurrentes , de agresiones a los policías y a los funcionarios civiles que cumplen estas funciones en algunos municipios, otra razón para que ésta especialidad, sea de manera parcial o total deje de funcionar en el territorio nacional.
Se señala a la especialidad, que se ha convertido, de un lado en recaudador de impuestos, con destino a las administraciones públicas y de otro, que a través de hacer cumplir la normatividad se ha incrementado la falta de credibilidad ciudadana y desprestigio institucional, afectando como consecuencia la integridad moral, no solo de sus hombres en particular sino de la Institución policial como tal.
Aceptar que hay excesos en su control y aplicación de la función vial, es de pocos de sus integrantes, pero vale señalar el gran impacto que tiene la ciudadanía al no cumplir con sus obligaciones como integrante de la actividad de movilidad, he dicho que el acto más voluntario del ser humano es la violación de la norma vial, no puede ser responsabilidad de la autoridad de tránsito que él ciudadano, no porte los documentos del vehículo y los propios que le autorizan la movilización del automotor y su conducción, o la del peatón que transita por las vías urbanas y rurales sin control alguno, convirtiéndose en un actor de inseguridad para él mismo y para los demás actores viales.
Terminar la especialidad es aceptar, que toda es corrupta y que en verdad son los verdugos de un gran sector poblacional, (11 millones, S/g el RUNT, de conductores-que igual son ciudadanos) algo similar, a que el ESMAD es el verdugo de los vándalos presentes en las manifestaciones, argumentos injustos y desproporcionados, que no resisten mayor análisis, más cuando, son los mismos ciudadanos que reclaman su presencia, según resultados de encuestas, sondeos, y opiniones de los últimos días y tiempos.
Si la policía de tránsito con su imposición de comparendos, causa un desgaste y desprestigio institucional, siguiendo la misma línea, en un futuro no lejano habría que desmontar otras especialidades como: antinarcóticos porque es un desprestigio fumigar o erradicar los cultivos ilícitos, o la de infancia y adolescencia, porque es desprestigio ejercer el control sobre la población joven y adolecente contraventora y delincuente, la imposición de comparendos es una advertencia al ciudadano para que no repita de manera recurrente su desacato, y de manera directa la prevención de la accidentalidad vial, factores que contribuyen de manera significativa la convivencia y seguridad ciudadana.
Que la policía a través de su especialidad, pierda el contacto esporádico y circunstancial con esa población, implica debilitar su control y como consecuencia elevar los índices de accidentalidad, factor de inseguridad, perdiendo además su integración con los ciudadanos, que es lo que hoy se reclama, para que entre los dos establezcan los mejores mecanismos de seguridad comunitaria y ciudadana, crear confianza y restablecerla en la ciudadanía es acercar la institución a ella y no alejarla como en este caso.
Valido señalar, el momento y las razones por las cuales, al parecer la misma Institución, no el ciudadano, despojó a la especialidad de la ausencia de seguridad que ofrece con su presencia en el semáforo, en la vía, o en el lugar de sus actividades, habida cuenta que si bien es cierto es una seguridad intangible, o falsa seguridad, también es cierto que el ciudadano la reconoce y percibe como seguridad real, que hay una seguridad, siendo esto de todos modos convivencia y seguridad ciudadana.
De ahí que se debe rescatar esta connotación, primero el cumplimiento de sus funciones constitucionales y en segundo las funciones de la espacialidad, no se podría aceptar que el atraco esquinero y callejero frente al funcionario de la especialidad ocurra, rescatar pues esa integralidad, primero policía y luego policía con funciones especiales.
Desmontar la especialidad en los actuales momentos o a futuro, es ceder espacios, que serán justamente ocupados en su mayoría por desmovilizados y activos de bandas criminales, desadaptados sociales enemigos de la democracia y el orden, desmontarla es un factor desestabilizador, al igual que otros fenómenos sociales, marchas violentas, paros casi incontrolables, hasta llegar a un descontento generalizado, en contra la institucionalidad, de la cual no es ajena la Policía, como hoy se presenta.
Reconocidas las consecuencias de la accidentalidad por organismos internacionales de seguridad vial, como un problema de salud pública, son los gobiernos y nuestro gobierno los que deben hacer las apropiaciones presupuestales necesarias y suficientes para garantizar la seguridad ciudadana, tampoco la policía en el caso colombiano puede seguir permitiendo que con sus pocos recursos humanos y económicos , solucione problemas de fondo en seguridad, que deben ser atendidos por las autoridades administrativas, ejecutivas, legislativas, que como en el caso de la pandemia por el covid19, expidieron centenares de normas casi imposibles de cumplir y hacer cumplir como fue el caso de las famosas fiestas clandestinas y otros comportamientos ciudadanos que a la final terminaron en confrontaciones directas, entre éstos y la policía, con desgaste eso si, significativo para la institución.
La solución no es cambiar hombres de puesto de trabajo, o cambiar de brazaletes y chaquetas, es el estado quien debe llevar nuevos efectivos a esos pueblos y veredas que hoy carecen de la presencia institucional, apropiando nuevos recursos, y no seguir con la falsa creencia que al trasladarlos de lugar se obtiene la seguridad que hoy se necesita.
A pesar de ser una política del gobierno este desmonte, ojalá con el debate que seguramente en muchos escenarios se dará, se reconsidere y no como aseveran otros que lo dan por un hecho cumplido.
No es buena idea, como dijo alguien, “el desmonte de la especialidad”.
Autor: Cr. RA Emel Aguilar Carreño