El proceso de movilización y protesta social que comenzó desde el año 2019 continúa avanzando dentro de los propósitos visualizados y planificados por los promotores, entre ellos los sectores políticos de ideologías de izquierda, algunos grupos políticos que integran la oposición al gobierno, algunas organizaciones sociales y de derechos humanos proclives a estos grupos e ideologías, sin contar las organizaciones internacionales que dan apoyo externo en apoyo a la implantación del nefasto modelo comunista.
Como fue evidenciado, el movimiento de protesta violenta vandálica busca apoyar el objetivo de la toma del poder propuesto por los grupos de izquierda, -públicamente se ha observado el símbolo de la hoz y el martillo en los graffitis de los grupos de vándalos- respondiendo a lineamientos que les imparten dirigentes de algunas organizaciones como el caso de FECODE, cuando su presidente fue visto dando instrucciones a estos grupos para continuar las acciones violentas contribuyendo a los propósitos de la ideología de izquierda que busca cambiar el modelo político democrático capitalista que por más de doscientos años ha desarrollado el Estado colombiano. Esto permite observar que el proceso sigue avanzando, y ahora se encuentra en una nueva fase.
Dentro de los cálculos del movimiento izquierdista está contar con apoyo y respaldo de los cuerpos de seguridad del Estado y su Fuerza Pública, por eso están desarrollando acciones para avanzar en este propósito, pero como estas instituciones en Colombia tienen bien fundamentados los principios democráticos y por su formación fundada en la lealtad a la patria y a la protección del modelo de Estado y de sus instituciones, no les ha sido fácil avanzar en ganar espacio entre ellos y por eso continúan desarrollando acciones implementando disímiles e impensables estrategias.
El escenario futuro que este movimiento se proyecta es asumir el gobierno nacional y luego realizar los cambios dentro de la estructura actual para adoptar el modelo comunista -socialista- implantado a la fuerza en países como Cuba y Venezuela. Para ello, uno de los pasos es dividir la cohesión que mantiene la Fuerza Pública en Colombia, integrada en el Ministerio de Defensa Nacional, donde tienen unidad de dirección, un orden jerárquico y donde se mantienen fuera de la influencia de sectores políticos, pero sobre todo de la injerencia de ideologías políticas que puedan en un momento dado hacerlos proclives a favorecer algún interés de esta índole.
Para lograr dividir el estado monolítico en que funciona la Fuerza Pública, estos movimientos han emprendido una estrategia de “ataque estructural”, enfilando baterías contra la Policía Nacional, proponiendo reformarla, quizás porque han entendido su utilidad estratégica por varios motivos, entre ellos, ser una institución de carácter nacional, con presencia y cobertura a lo largo y ancho del país que cumple una actividad de gran interés para este movimiento, puesto que se relaciona de manera directa y permanente con las comunidades, y si logran controlarla, en caso de llegar al poder, utilizarla para sus fines de control de la población e imposición de la ideología que promueven y así lograrían someter con mayor efectividad a la población y dominar las reacciones que se prevén al implementar un modelo de gobierno que se fundamenta en la restricción de derechos y libertades, el despojo de los bienes y patrimonio logrados a base de esfuerzo y trabajo y en apoderarse de la riqueza para “administrarla” y “redistribuirla” como se ha visto en los países mencionados, lo cual conlleva al empobrecimiento generalizado y unos márgenes mucho peores de pobreza y necesidades básicas.
Este preámbulo trata de mostrar que el proyecto de ley por la cual “se reforma la Ley 062 de 1993, la Ley 1801 de 2016, se fortalece el carácter civil de la Policía Nacional, y se dictan otras disposiciones”, que presentaron los senadores Cepeda, Sanguino, Pizarro, entre otros tantos, hace parte de la estrategia para debilitar el funcionamiento de la Fuerza Pública en Colombia separando las instituciones que la integran, concretamente la Policía Nacional, y para avanzar en los propósitos de desestabilización y debilitamiento de esta institución y de abrir espacios para que sectores políticos puedan llegar a un control de ella en un futuro proyectado.
La revisión del mencionado proyecto deja ver claramente que el eje central, aunque no está en el título de la propuesta, es la reforma, desmantelamiento y debilitamiento total de la institución policial que conocemos, que ha servido al país y su gente durante más de 129 años y que autónomamente ha desarrollado procesos internos de reforma y modernización, como pocas instituciones en el país, de lo cual existen evidencias palpables que se pueden verificar fácilmente.
Se observa que el propósito de reforma surge sin ningún tipo de justificación válida ni se sustenta en estudio alguno que evidencie la necesidad de llevarla a cabo, al contrario son bastantes las comisiones externas integradas por académicos, personalidades de la sociedad civil, de gremios y sectores sociales, que han sido nombrados por varios gobiernos en diferentes momentos, para estudiar los problemas que ha afrontado la institución en el transcurso de los años, pero ninguna ha conceptuado ni sugerido la necesidad de “acabar” la institución como soterradamente lo pretende el presente proyecto.
Puede sonar extremista la apreciación anterior sobre lo que propone este proyecto, pero si se analiza detalladamente prácticamente eso es lo que se pretende, puesto que claramente busca cambiar en la institución policial desde su nivel de dependencia funcional, su estructura, el régimen de carrera, seguir reduciendo las atribuciones legales para cumplir su misión, atacar su seguridad jurídica, y privarla de manera incomprensible y hasta ilegal, de su actuación Constitucional contra grupos delincuenciales organizados y bandas criminales, como se verá más adelante de este escrito.
Respecto al título del proyecto, el cual plantea el fortalecimiento del carácter civil de la Policía Nacional, claramente se observa que es un distractor para ambientar la salida de la institución del Ministerio de Defensa Nacional, porque las acciones relacionadas con el carácter civil que plantea, en buena parte ya se han desarrollado y se encuentran implementadas en la institución. A lo sumo merecen una revisión para implementar mejoras y fortalecimiento.
Es evidente que la institución policial autónomamente desde la década de los años noventa del siglo pasado tomo la decisión de fortalecer su carácter civil, a partir precisamente de la expedición de la Ley 062 de 1993, y las evidencias son que incorporó a su currículo de educación policial el tema de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, dictándolo a todos los miembros de la institución, pero con un énfasis especial a los integrantes de los grupos especiales de operaciones contra grupos armados ilegales a quienes se les fundamentó el Derecho Internacional Humanitario, cumpliéndolo adecuadamente, cosa que las guerrillas de las FARC y del ELN nunca hicieron y al contrario masacraban con bombas y con ataques armados de fusil y armas no convencionales a unidades de la Policía y a la población civil en las “tomas a poblaciones”.
En este sentido también organizó la Oficina Nacional de Derechos Humanos de la Policía Nacional y creó las oficinas regionales a nivel país para desarrollar la promoción de los derechos humanos y mantener la interlocución con el Ministerio Público encargado del tema, las personerías y con organizaciones de derechos humanos de las jurisdicciones a nivel país.
Una segunda evidencia fue el desarrollo gerencial y administrativo que se implementó en la institución para dirigir el talento humano y para desarrollar los procesos y procedimientos misionales, en este sentido, la institución diseño e implementó el Sistema de Gestión Integral propio y adecuado a las características particulares de la Policía. Hoy en día existe la infraestructura tecnológica balance score card que soporta como herramienta gerencial el cuadro de mando integral para monitorear y direccionar el cumplimiento del plan estratégico institucional. En suma, se debe destacar que la institución también ha adelantado procesos de certificación en calidad de sus procesos y procedimientos buscando que el servicio policial se brinde con excelencia.
Otra evidencia del carácter civil de la institución es el diseño e implementación de programas institucionales de participación comunitaria, que desde la década de los años noventa se reorganizó con la creación de la “Policía Comunitaria” implementando planes institucionales para acercarse a la comunidad por medio de actividades civicopoliciales, capacitaciones, escuelas de seguridad ciudadana, frentes de seguridad, y sobre todo la gestión por medio de liderazgo comunitario para contribuir al la solución de diferentes problemas relacionados con la seguridad ciudadana y la convivencia que aquejan a las comunidades, entre otros.
Con estas evidencias se recalca que la propuesta es ignorante de todos estos desarrollos de la institución policial o simplemente hace énfasis en el tema del carácter civil por la terquedad propia que acompaña la ideología de izquierda, así mismo por demeritar y no reconocer la realidad y reforzar un mensaje negativista hacia la institución.
Queda claro que lo que busca al proponer el fortalecimiento del carácter civil de la Policía, es promover la salida de la institución del Ministerio de Defensa, (Artículo 4 de la propuesta referente al Artículo 9 de la Ley 062 de 1993) lo cual no tiene sustento, ya que la permanencia de la Policía Nacional en este Ministerio no implica que afecte su carácter civilista, porque su dependencia funcional es directamente del señor Ministro de Defensa para mantener la independencia de su misionalidad y funcionalidad y la claridad en el rol asignado por la Constitución Política. Está claro que desde hace sesenta años, estando la Policía en este ministerio, y ser nombrado el primer policía como Director General de la Institución, no ha existido injerencia del mando o dirección castrense, sin embargo, la permanencia de la institución ha servido para perfeccionar el proceso de coordinación en el despliegue de acciones que se desarrollan por la necesidad de atender la problemática de inseguridad, donde las Fuerzas Militares participan en algunas actividades de seguridad ciudadana.
En desarrollo de este propósito es preocupante lo que plantea el proyecto en el artículo 19A Funciones civiles de la Policía Nacional, que dice: “Ninguna de las unidades o grupos especializados de la Policía Nacional podrá ejercer labores que contemplen acciones o funciones propias de las Fuerzas Militares. Las operaciones de alto riesgo contra personas, grupos u organizaciones criminales o delincuenciales que con su accionar pongan en riesgo el orden constitucional vigente serán realizadas únicamente por las Fuerzas Militares.” (el resaltado es mío)
Luego el Parágrafo: En un plazo de seis (6) meses contados a partir de la promulgación de la presente ley, el Gobierno Nacional realizará el traslado a las Fuerzas Militares de las funciones y misiones de la Policía Nacional que sean de carácter militar.
Lo que se indica en la primera parte del párrafo del artículo 19A es coherente porque efectivamente la Policía Nacional no debe cumplir actividades que correspondan a las Fuerzas Militares por misión Constitucional, que implican la protección de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional. (Artículo 217 C. P.)
Ahora, la segunda parte de ese párrafo (resaltado) y el parágrafo si merecen un análisis más detallado, porque pareciera que los promotores del proyecto no comprenden muy bien lo que están planteando y dejan ver ciertas incoherencias cuando manifiestan que “organizaciones criminales o delincuenciales que con su accionar pongan en riesgo el orden constitucional”. Inicialmente decir que no es muy clara la diferencia ente grupos delincuenciales y grupos criminales. Dicho esto, no es muy común que se presente este tipo de hechos por parte de estos grupos, porque implicaría que delincuentes comunes o grupos criminales incurrieran en rebelión, sedición o en delitos políticos en forma continuada, – aunque el “cartel de Medellín” trató de hacerlo-, que, si se dieran, ameritaría que la Fuerza Militar se involucrara acorde a su misión. Pero no se puede pretender encasillar a las organizaciones de narcotráfico, o a las bandas criminales que se dedican a la minería ilegal, o a las organizaciones que se dedican a sembrar los cultivos ilícitos, o la trata de personas, entre otras, como organizaciones que con este tipo de acciones ponen en riesgo el orden constitucional.
Luego los ilustres proponentes rematan con el parágrafo de ese artículo donde manifiestan que se deben trasladar a las fuerzas militares las funciones y misiones de la Policía Nacional que sean de carácter militar. ¿Qué quieren decir? Si saben y entienden del tema deberían especificar cuáles son esas funciones y misiones de carácter militar que está cumpliendo la Policía. Se dificulta explicar lo que proponen por la gran incomprensión que dejan ver los proponentes, ya que si ellos asimilan que cuando la Policía Nacional actúa contra una banda delincuencial o criminal que hurta los recursos mineros del país, o cuando actúa contra un grupo delincuencial de la “Comuna 13” de Medellín que ocasionalmente utilizan armas largas, o cuando interviene ante un secuestro realizado por el ELN o responde operativamente cuando es atacada en una emboscada, son operaciones militares, entonces deben ilustrarse mejor, porque la operación es militar cuando la efectúa una fuerza militar, cuando actúa la Policía son operativos policiales. Todas las policías del mundo están preparadas para enfrentar a los delincuentes bien sea que actúen individualmente o en grupos denominados bandas u organizaciones, sin importar el tipo de armamento y elementos que utilizan, pero que realizan delitos que quebrantan la convivencia y la seguridad de los ciudadanos.
Otro aspecto que indicaría este parágrafo es que la Policía Nacional no debería luchar contra los grupos de la guerrilla de las FARC denominados “residuales” o “disidencias” y el grupo subversivo del ELN quienes efectivamente han continuado atacando a la Fuerza Pública y realizando actos terroristas, sino que debería dejar esas acciones a las Fuerzas Militares, lo cual riñe con la función Constitucional asignada a la Policía de velar por el mantenimiento de las condiciones necesarias para el libre ejercicio de los derechos y libertades públicas de todos los ciudadanos, pues resulta incoherente que si por ejemplo, estos sujetos van portando elementos explosivos, o son sorprendidos portando armamento ilegal no puedan ser objeto de acción de la Policía.
Desde otra perspectiva, ¿será que el honorable senador Cepeda y todos los que lo secundan en esta “barbaridad” que denominan “propuesta” van a “dar la orden” a los guerrilleros del ELN y las disidencias de las FARC para que en ninguna parte del país ataquen a la Policía Nacional?, o ¿lo que pretenden es poner de “carne de cañón” a los policiales dejándolos inermes sin función operativa y sin armas para cumplir su misión, porque si actúan estarían realizando una operación militar? ¿Se tendrá que disponer de dispositivos militares para que cuiden a los Policías en todos los municipios y corregimientos donde actúan estos grupos? O ¿la Policía tendrá que tolerar el hurto de los recursos mineros y no actuar contra estas bandas que operan en sus jurisdicciones? O cuando tenga conocimiento ¿deberá llamar al Ejército para que actúe? No, esto es una aberración soportada en la ignorancia y la ausencia total de conocimiento de estos senadores sobre la seguridad ciudadana y el rol constitucional de la Policía Nacional.
Desde otra perspectiva, y haciendo un planteamiento hipotético, la propuesta de restringir y abstraer la función de lucha contra la delincuencia organizada a la Policía Nacional, como lo plantea el proyecto, podría perseguir los siguientes propósitos:
-Favorecer el incremento, a un mayor, de los cultivos ilícitos y del narcotráfico, y apoyar el accionar de los grupos guerrilleros, aprovechando la menor capacidad operativa de las Fuerzas Militares si se tiene en cuenta que su doctrina operacional indica actuar en grupos relativamente más numerosos lo que reduciría la cobertura dejando zonas mucho más amplias a merced de la delincuencia organizada como son las organizaciones vinculadas al narcotráfico y las bandas criminales. Sin mencionar la formación profesional y técnica para luchar contra este tipo de manifestaciones delincuenciales.
-A futuro obtener recursos económicos de las rentas ilegales de estas organizaciones principalmente del narcotráfico, como se ha mencionado que existen en Venezuela con grupos de traficantes de drogas, según investigaciones que siguen agencias estadounidenses.
-Generar el espacio y la necesidad para crear a futuro una nueva institución como una guardia civil e integrarla con exguerrilleros, asegurando su lealtad y contando con todas las posibilidades de injerencia y manipulación en favor de las políticas del movimiento de izquierda en caso de llegar al poder.
-Ubicar a la Policía Nacional en el Ministerio del Interior donde a futuro puedan dominarla y manipularla para los propósitos del movimiento, mencionados anteriormente.
Para cerrar esta primera parte de comentarios al proyecto de Ley presentado por los honorables senadores de la izquierda, proponen adicionar a la Ley 062 de 1993 un TÍTULO VI PROGRAMA DE DESVINCULACIÓN ADMINISTRATIVA DE FUNCIONARIOS QUE AFECTAN LA ÉTICA E INTEGRALIDAD DE LA INSTITUCIÓN POLICIAL, el cual pretende por medio del Artículo 59 crear la “Comisión Especial para el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional”, que será presidida por el Procurador General de la Nación, y estará integrada por un (1) miembro de la Inspección General de la Policía Nacional; un (1) miembro del Ministerio del Interior; dos (2) miembros de las Comisiones Segundas Constitucionales Permanentes del Senado de la República y la Cámara de Representantes, de los cuales al menos uno (1) pertenecerá a los partidos declarados en oposición; un (1) académico nacional o internacional experto en temas de reforma policial; un (1) delegado de la Defensoría del Pueblo y dos (2) representantes de las plataformas de derechos humanos. Se debe tener en cuenta que este proyecto de ser aprobado, la mayor parte de su desarrollo y ejecución correspondería al nuevo gobierno en el año 2022, en el cual tienen fincadas sus esperanzas los movimientos de izquierda y seguramente proyectan su predominio.
En esta propuesta se evidencia claramente una manifestación de “revanchismo” y “juzgamiento” a la institución, adjudicándose estas personalidades tener la autoridad ética y moral de depurar la institución policial (exguerrilleros, financiadores de vándalos, entre otros) y de disponer sobre la permanencia o expulsión de los policiales, porque dentro de las funciones, se le asigna a la Comisión determinar la idoneidad de todos los policías para el servicio, desconociendo que todo policía en la actualidad tiene un título de idoneidad bien sea de técnico profesional o de profesional en administración policial. Igualmente, esta Comisión podrá estudiar y evaluar la trayectoria profesional de cualquier miembro de la policía y decidir sobre su permanencia en la institución, esto en manos de mayorías externas a la institución. Crean una figura de “cancelación por despido” a cualquier miembro de la institución por falta de idoneidad y por “pérdida de confianza”, desconociéndose cuál sería el debido proceso, pues podría conllevar una multiplicidad de demandas onerosas en contra del Estado.
Este artículo tiene un parágrafo en el cual manifiesta que en la depuración se deben priorizar los hechos acontecidos en las jornadas de movilización de los años 2020 y 2021 y aseveran “en los que hubo uso indiscriminado de armas de fuego en autoría o en aquiescencia de la Policía nacional”. Allí se nota una persecución palpable contra el personal que ha estado cumpliendo su deber de intervenir y proteger los derechos de los ciudadanos afectados por la protesta violenta y vandálica que ha dejado estragos lamentables. En este sentido, bien es sabido que están en desarrollo las investigaciones disciplinarias y penales, que se han mostrado al país acciones contra aquellos que han actuado excesivamente, y que otras continúan en proceso y ya cuentan con decisiones, sin embargo, pareciera que por la vía de la depuración se pretende sacar a policiales que actuaron y siguen actuando en cumplimiento de su deber.
CR. RP. Jorge Elías Salazar Pedreros
Vicepresidente Colegio de Coroneles de la Policía Nacional
