Se ha conocido que un grupo de Senadores de la República han presentado un proyecto para reformar la Ley 062 de 1993 y la Ley 1801 de 2016, con la cual, según ellos, buscan fortalecer el carácter civil de la Policía Nacional de Colombia.
Este propósito se convierte en un acto de eufemismo, por que al estudiar en su conjunto y detalladamente la propuesta, lo que busca es continuar profundizando el debilitamiento de conceptos como el de seguridad, tranquilidad, respeto, cortesía, sana convivencia, civilidad, entre otros, y continuar sumando mecanismos y prebendas en beneficio de los actores delincuenciales, vandálicos, anárquicos, desadaptados, rebeldes, terroristas y narcoterroristas, que lamentablemente subsisten en nuestra sociedad colombiana.
Muchos de los aspectos que contiene la propuesta, se erigen como ingredientes para sumarse a la preparación del caos social, que lleve a los ciudadanos a perder la confianza en toda la institucionalidad abonando el campo de influencia ideológica en oposición al sistema democrático de libertad y orden que se profesa actualmente en nuestra amada patria Colombia.
Por qué se anticipa esto:
por que la esencia del proyecto es desmembrar a la Policía Nacional, restarle las pocas atribuciones y herramientas con que cuenta para proteger a los ciudadanos de bien, y apartarla del cumplimiento de su misión Constitucional de luchar contra la delincuencia para garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana.
De esto es que se pretende ilustrar y alertar a la ciudadanía, de los fines que se persiguen con esta propuesta que brinda mayores garantías para la ilegalidad, mayores probabilidades para la actuación de los delincuentes, protección y amparo para el porte y movilización de elementos ilegales como armas y sustancias psicoactivas.
Los aspectos que se mencionan están consignados en el proyecto refrendado por estos senadores; manifiestan que la Policía Nacional no podrá emplear la fuerza letal, en términos claros quiere decir que el Cuerpo de Policía no podrá usar las armas de fuego; ¿y entonces como va a enfrentar a los delincuentes? ¿como va a defender a los ciudadanos cuando vayan a ser secuestrados o atracados en un fleteo? Esto lo menciona en el Artículo 4 del proyecto firmado por estos senadores.
Cabe aclarar que el proyecto no particulariza o aclara que esta prohibición sea para determinados servicios, sino que lo hace de manera general y ese es el “mico” para favorecer a los grupos armados ilegales y para proteger a los delincuentes. Este despropósito es desde todo punto de vista inconstitucional por que la carta magna en su artículo 218 establece la creación del cuerpo de policía precisamente para garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos.
El proyecto suprime el procedimiento de la Policía a trasladar a un ciudadano cuando esté involucrado en riñas, de acuerdo con esto el Policía simplemente le impondrá un comparendo y los ciudadanos de bien quedarán desamparados y con la percepción de una Policía inoperante y de un sistema que protege a quien transgrede la norma y no al que solicita protección.
¿A que conduce esto?
A lo anteriormente mencionado, a seguir incubando el caos y a dejar la percepción de que el gobierno democrático no funciona, causando descrédito, buscando luego influir en el colectivo con nuevas fórmulas salvadoras por parte de los que a la postre han sido los que han originado ese ambiente para llegar al poder y continuar dando mayores garantías a la ilegalidad sometiendo cada vez más a los ciudadanos de bien.
En este mismo artículo se manifiesta que las personas embriagadas y las que estén bajo la influencia de sustancias psicoactivas que por su estado pueden ser afectados en su integridad o sus bienes, solamente podrán ser trasladadas a los centros de salud o a los hospitales y no a los centros de protección.
Es una apreciación errada, congestionará mucho más las salas de hospitales y centros de salud y generará problemas de alteración del orden y la tranquilidad que se requiere en estos centros, por la influencia de las bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes.
La actividad de prevención y control policial es cotidiana y muy efectiva para brindar seguridad y tranquilidad públicas, sin embargo, en el proyecto, imponen al registro a personas que efectúa la Policía, cumplir un principio de razonabilidad, que implica que para poder realizarla deben existir motivos fundados de que la persona que va a ser requisada oculta elementos relacionados con un delito o provenientes de un delito o que puedan ser utilizados en la comisión de un delito.
Con estas exigencias acaban con los planes de control preventivo que realiza la Policía Nacional por medio de la requisa, que generalmente se desarrollan en sitios de alta complejidad donde los análisis de incidencia de delitos y comportamientos contrarios a la convivencia muestran las mayores afectaciones y materialización de casos.
Estos planes permiten la incautación de armas de fuego ilegales, armas blancas, sustancias estupefacientes, la captura de personas con órdenes judiciales vigentes, entre otros. Al restringirse esta actividad, sin duda, la ilegalidad va a poder movilizarse y transitar con mucha más tranquilidad y con mayores posibilidades de actuar en contra de los ciudadanos.
En tal sentido, esta medida dificulta mucho más las posibilidades de que la Policía pueda cumplir su misión y neutralizar acciones de atentados terroristas, o acciones de sicariato, de atraco a establecimientos comerciales y entidades bancarias, al hurto de vehículos a mano armada por mencionar algunos, ya que el proyecto indica que el uniformado de Policía primero debe preguntarle a la persona si permite ser requisado. Esto es un absurdo.
De todo esto lo más grave es que la ciudadanía estará cada vez más expuesta a los delincuentes y no van a cuestionar a los señores senadores que proponen esta nefasta reforma, sino a la institución policial y al gobierno de turno.
Otro aspecto puntual es que se propone en este proyecto pasar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa Nacional al Ministerio del Interior, lo que es lógico si se considera la naturaleza civil de los cuerpos de policía, pero esta lógica aplica cuando las condiciones de seguridad y convivencia presentan unos niveles aceptables y el riesgo de los ciudadanos a ser afectados en su vida, integridad y su patrimonio es moderado o bajo, situación que en nuestro país históricamente no se ha podido lograr por factores como la misma violencia política que llenó de sangre los campos colombianos en varios momentos de la historia colombiana, por lo menos del siglo veinte y ahora en cabeza de algunos políticos pretenden este cambio.
De tal manera que las condiciones no están dadas para hacer ese tránsito, todavía el país presenta una tasa de dos dígitos en homicidios (en el año 2019 fue del 25,05 por cada 100.000 habitantes. Fuente Ministerio de Defensa Nacional), el narcotráfico cada año crece más y es el motor de la violencia por intereses económicos.
Su estructuración se traduce en bandas criminales (también denominados clanes), bandas delincuenciales organizadas y hasta pandillas, que dominan regiones muy marcadas del país y en las ciudades por medio de los grupos delincuenciales organizados.
Aún subsiste el grupo terrorista ELN que sigue con la intención de luchar contra el modelo político del Estado Colombiano. Tanto el ELN, las disidencias de las FARC, como las bandas criminales son grupos que tienen estructura militar y emplean armamento y explosivos y operan en muchas de las jurisdicciones de los municipios donde cumple su misión la Policía Nacional.
Desconocer esa realidad violenta que subsiste en nuestro país despojando a la Policía Nacional de todas las capacidades que ha construido para luchar contra estos grupos en defensa de los ciudadanos que habitan en los municipios más lejanos y desprotegidos del país es entregarle el dominio y abrirle paso a la expansión de grupos terroristas que quieren imponer ideologías contrarias a la democracia colombiana.
Se pretende privar a la institución de la defensa del orden público interno que implica la convivencia y la seguridad ciudadana que Constitucionalmente le corresponden, ya que se mal interpretan las funciones civiles que debe cumplir la Policía Nacional y se trasgreden todos los principios de doctrina al pretender que
“las operaciones de alto riesgo contra personas, grupos u organizaciones criminales o delincuenciales que pongan en riesgo el orden constitucional vigentes serán realizadas únicamente por las Fuerzas Militares.”
“En el plazo de seis (6) meses el gobierno nacional realizará el traslado a las Fuerzas Militares de las labores y personal de la Policía Nacional que realiza acciones de carácter militar”.
Esto se puede catalogar como una estrategia para favorecer a los grupos terroristas por que cuando ingresen a atracar un banco en un municipio, según lo que pretenden en este proyecto, la Policía Nacional no podrá actuar y tendrá que llamar al Ejército que no está en todos los municipios del país para que ellos atiendan la situación, o cuando unos sujetos del ELN o de las disidencias de las FARC o de las bandas criminales lleguen hasta una residencia a secuestrar a un ciudadano, tampoco podrá actuar por que tiene que esperar a que lo haga el Ejército.
Esto es un total desconocimiento de los roles y funciones de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares y está claro que se pretende limitar la acción policial que ha sido efectiva contra estos delincuentes para no actuar. Eso es irrealizable.
Esto tiene una lectura fácilmente palpable y es abrirle espacio al crecimiento de los grupos terroristas, por que es muy claro que la cobertura del Ejército Nacional es mucho menor al de la Policía Nacional ya que ellos se movilizan en grupos mínimo de 30 o 40 hombres, sus áreas de operaciones son demasiado amplias por lo tanto el espacio que queda desprotegido se va a multiplicar, ya que aparte del área rural incluiría las áreas urbanas, por que los policías que están en los cascos urbanos de los municipios y corregimientos no podrán actuar contra estos grupos, según esta propuesta.
Cabe aclarar, que la Policía Nacional no desarrolla procedimientos militares por que no es una fuerza militar, todas las policías del mundo tienen grupos para realizar operaciones especiales similares a las militares con tácticas y procedimientos parecidos sin ser militares.
La Policía Nacional debe garantizar los derechos y libertades de todos los ciudadanos cuando se vean afectados por cualquier individuo, sea este un delincuente común o un terrorista o un narcotraficante, o un miembro de una banda criminal, esto no se puede limitar como se pretende.
Lo que ha sucedido en nuestro país es que el fenómeno subversivo surgió y creció tanto que ha involucrado a la Policía y cada vez más a las Fuerzas Militares de manera más activa en la lucha contra estos grupos, pero allí no se puede marcar un límite entre la actuación de la Policía o la Fuerza Militar, porque a ambos les corresponde Constitucionalmente esta misión, o sea en forma general el problema lo debe atender la Policía Nacional por mandato Constitucional (Artículo 218 C.P.) para proteger y garantizar los derechos y libertades de todos los habitantes en Colombia, sin importar quien sea el agresor, pero en forma particular el Ejército Nacional puede intervenir contra los actores que buscan subvertir el orden constitucional y la estabilidad del Estado.
En cuanto a las bandas criminales o grupos organizados de narcotráfico o frente a delitos como la minería ilegal, o los cultivos ilícitos, entre otros, no es propio de la Fuerza Militar intervenir ya que no corresponde a su rol, sin embargo, por asuntos de capacidades del Estado para combatir estos fenómenos en nuestro país se les ha involucrado, pero bajo unos límites y procedimientos puntuales más no como una actividad autónoma ya que va contra la doctrina misma de la fuerza militar.
El accionar del Estado por medio de la Policía Nacional y las Fuerzas militares contra los fenómenos de violencia e inseguridad se ha direccionado desde el Ministerio de Defensa Nacional y en algunos momentos se ha observado problemas de falta de coordinación entre las fuerzas principalmente en los periodos de gobierno de Cesar Gaviria y Ernesto Samper, donde se observaba apoyos tardíos o demasiado lentos cuando se presentaban tomas guerrilleras a poblaciones u otras acciones terroristas de estos grupos, luego la coordinación e integración mejoró en el gobierno de Álvaro Uribe. Lo que se quiere señalar es que estando las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en el mismo ministerio ha presentado problemas de coordinación en el cumplimiento de las misiones, ¿cual será la situación si se encuentran en un ministerio diferente como el del Interior?, ya que el fenómeno terrorista no ha desaparecido y las bandas criminales trabajan en alianza con el ELN y las disidencias de las FARC en muchas regiones del país y todas las fuerzas deben seguir combatiéndolos.
Nuevamente se aprecia que estas propuestas lo que llevan es a favorecer la actuación de estos grupos delincuenciales y el que queda en mayor desprotección es el ciudadano común que resulta afectado por una propuesta descabellada de veinte personas que asumen la representación de todos en un tema que claramente se observa que desconocen o que persigue otros fines.
Finalmente, lo que se ha observado en procesos de posconflicto como resultado de un acuerdo de paz es que las fuerzas de policía se fortalecen por que los problemas de seguridad ciudadana tienden a incrementarse y las fuerzas militares tienden a reducirse, pero este no es el caso colombiano, por que no todos los grupos guerrilleros han desaparecido y el grupo FARC que se desmovilizó ha vuelto a resurgir diseminado en multiplicidad de grupos en diferentes partes del país y han vuelto actuar en alianzas con organizaciones delincuenciales.
Por tanto, lo que se impone es el fortalecimiento tanto de la Fuerza Militar como de la Policía Nacional para lograr extinguir estos elementos que aún persisten y mejorar la seguridad ciudadana para así lograr la tan anhelada paz.
Es factible que la Policía Nacional requiera de reformas, debido al proceso lógico de mejoramiento continuo, pero se debe partir del fortalecimiento de la institución, del mejoramiento de las condiciones de vida de sus integrantes , de mejorar sus nivel salarial y no de proponer su desarticulación, debilitamiento y exposición a injerencias políticas externas que pueden llegar a hacer de la institución un medio para imponer ideologías políticas y para llegar al poder del Estado y dejarla al servicio de intereses politiqueros, repitiendo la historia ya vivida que dejó una estela de violencia de la cual no nos hemos podido recuperar.
Al final, todas estas medidas contenidas en la propuesta, mas allá de reformar la Policía lo que implica son mayores dificultades para combatir el delito desde la prevención, generan cambios negativos en la forma de garantizar la convivencia ciudadana, dificulta lograr que a todo ciudadano se le garanticen sus derechos y libertades haciendo más ineficaz la actuación del cuerpo policial y dándole ventajas a los delincuentes, incrementando el nivel de riesgo y de exposición de los ciudadanos a ser afectados y en términos generales a propiciar el crecimiento de la ilegalidad y la impunidad.
CR. RP. JORGE ELIAS SALAZAR PEDREROS. Vicepresidente Colegio de Coroneles de la Policía Nacional.
