En el presente escrito se da continuidad a la exposición de ideas respecto al proyecto de ley presentado por el senador Iván Cepeda y otros, por medio del cual se proponen modificar la Ley 062 de 1993, la Ley 1801 de 2016, fortalecer el carácter civil de la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones. Para tratar de develar un poco el trasfondo de la propuesta se plantean un par de preguntas: ¿por qué precisamente en este momento estos “padres de la patria” presentan la propuesta? ¿Cuáles son los fines reales que se persiguen con este proyecto?
La primera y más evidente circunstancia por la cual se presenta en estos momentos el proyecto de reforma es porque estamos ad portas del escenario electoral para el congreso y presidencia de la República donde los movimientos que hacen la propuesta buscan sumar adeptos y votantes a costa de la imagen y esfuerzo de la mayoría de hombres y mujeres policías que han cumplido su deber laboriosamente poniendo en juego su seguridad e integridad para controlar las protestas violentas y cumplir su deber de proteger los derechos humanos de los ciudadanos afectados. Esta ardua labor se ha dado en medio de un ambiente hostil, de violencia, agresión y ataque de los grupos vandálicos anarquistas.
Por lo tanto, se trata de un cálculo político que apunta a influir maquiavélicamente en el favoritismo de los votantes en ejecución del plan de protesta social violenta planificado por el movimiento del candidato perdedor Gustavo Petro en las pasadas elecciones presidenciales del año 2018, el cual fue anunciado en su discurso de derrota. En efecto a partir del año 2019 se ha evidenciado un incremento de la protesta social con la característica de ser muy violenta y con desarrollo de acciones vandálicas que obligan la intervención de las autoridades y el empleo de la fuerza para lograr el control y detener las hordas que causan destrozos, pérdidas y gran temor entre los ciudadanos de bien.
Esa forma de acción: ataque – uso de la fuerza del Estado – denuncias de abusos por uso excesivo de la fuerza – es parte de la estrategia política de la protesta violenta, pues una vez se registran los hechos de confrontación de los grupos de vándalos contra la Fuerza Pública y la acción de la autoridad para reprimirlos, aparecen públicamente las manifestaciones de respaldo y apoyo hacia los vándalos, por parte de organizaciones y sectores políticos de izquierda quienes manipulan la opinión pública por medio de desinformación y tergiversación de los hechos por redes sociales y por medios de comunicación a nivel nacional e internacional, produciendo rechazo y animadversión en contra de la institución policial. La estrategia logra resultados cuando origina en el referente colectivo rechazo o aceptación, en este caso, rechazo en contra de la institución policial que representa al gobierno nacional y desata el efecto cascada contra el gobierno nacional, el partido político democrático del presidente Duque y contra candidatos y propuestas de este grupo político que puedan surgir para los próximos comicios, buscando sacar ventaja de este accionar tan reprochable.
Es lamentable ver como el oportunismo político actúa pasando por encima de los intereses reales de mejorar los problemas de la sociedad, puesto que se apoyan los desórdenes y la alteración del orden púbico en perjuicio de la mayoría de los ciudadanos de bien. Está claro que las propuestas del proyecto de ley en mención, -si se analizan cuidadosamente se comprenderá- van en contra de la misma comunidad, porque como se manifestó en la primera parte de este artículo y como se verá más adelante, en el fondo implican reducir la protección de la convivencia al debilitar a la institución encargada de su mantenimiento, por ende va en desmedro de la garantía de contar con un buen ambiente de convivencia donde se puedan ejercer los derechos y libertades públicas sin alteraciones y en medio de la mejor tranquilidad posible.
El momento es coyuntural por el incremento de problemas sociales, entre ellos, el desempleo, el debilitamiento de la economía nacional, el aumento de la pobreza, y la necesidad de incrementar la inversión social hacia los sectores de la población más afectados en su economía a causa de la pandemia. Lo más cuestionable es que sectores políticos en lugar de hacer propuestas proactivas y que puedan ayudar a generar soluciones por medios pacíficos y conciliatorios, lo que hacen es que aprovecharse de la situación para exacerbar los ánimos y las expectativas de los sectores más vulnerables, llevando el ambiente colectivo a un punto de expresarse en protestas que son aprovechadas para el plan de acción de los grupos organizados de vándalos con las consecuencias que se han visto desde el año 2019 y en las últimas protestas iniciadas el mes de abril de 2021.
Como se trata de explotar políticamente la protesta violenta, la reforma de la Policía va a pasar a ser tema de campaña y lo van a presentar en contra del gobierno actual, que es democrático y marcado por el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, para tratar de concientizar de que es un modelo que no ha servido, haciendo planteamientos de un nuevo gobierno “progresista” -porque no se dirá que es comunista o socialista-, basado en la igualdad, el respeto por los derechos humanos, el diálogo, la concertación, el respeto a la protesta social, entre otros, lo cual es totalmente falso y el ejemplo más actual son las protestas en la isla de Cuba contra el modelo comunista castrista.
¿Cuáles son los objetivos reales que se persiguen al hacer esta propuesta?
Cabe anotar que los planteamientos que se presentan surgen del análisis del contenido del documento del proyecto de ley en mención y de considerar pronunciamientos y cuestionamientos que han efectuado los proponentes en escenarios como el Congreso de la República, los medios de comunicación y las redes sociales, principalmente a partir del año 2019, pero que se han incrementado en la medida que se aproxima el inicio del proceso electoral.
El primer objetivo del planteamiento de la reforma a la Policía Nacional, como se anunció en la primera parte de este artículo, es sustraerla del Ministerio de Defensa y eso se deduce al analizar el contenido del artículo 4 del proyecto de ley, pues plantea modificar el artículo 9 de la Ley 062 de 1993 y cambia de plano la dependencia funcional de la Policía Nacional, al manifestar que el jefe superior de la Policía Nacional es el presidente de la República y que esa atribución la puede ejercer por medio del ministro del interior (el resaltado es mío) y del Director General de la Policía Nacional. Esto lo que implica es que la Policía Nacional pase a hacer parte del Ministerio del Interior quedando bajo su dirección y dependencia.
Buscar ubicar la Policía Nacional en otro ministerio como el del Interior, lo que persigue en el fondo es otro objetivo; crear una nueva Policía, y eso está claro en el proyecto, lo que se observa es que lo presentan tras un telón que no muestra a simple vista los propósitos reales, pero que en el fondo es lo que conllevaría. En ambas situaciones lo que se pretende es dejar la institución en un escenario susceptible a las injerencias políticas, a las componendas de los compromisos de cuotas políticas y a la intromisión en el funcionamiento de la institución por medio de atribuciones que se le puedan facultar al ministro, a los directivos del ministerio del interior y a las autoridades territoriales las cuales tienen una línea funcional directa de este ministerio.
Una vez se logre el propósito de sacar la Policía del Ministerio de Defensa, se aplica lo que propone el artículo 7 del proyecto, donde plantean extraer de la Policía Nacional la INSPECCION GENERAL, y ubicarla como una dependencia del Ministerio del Interior, dando la potestad al ministro de nombrar al Inspector General, cerrando la posibilidad que sea un oficial en servicio activo como lo es en la actualidad y proponiendo que sea un oficial de la Institución en uso de buen retiro. En este planteamiento se observa nuevamente la intención de abrir el espacio para la influencia política en un campo fundamental como es la parte disciplinaria y las investigaciones penales militares por la actuación del personal uniformado en servicio activo, ya que como es bien sabido los Oficiales en uso del retiro ya pueden participar activamente en un partido político con propósitos electorales o de apoyo a un candidato determinado. Esto resultaría inconveniente por la influencia que se podría tener sobre el personal uniformado del servicio activo, máxime cuando desde esa Oficina se podría utilizar la coacción sobre la definición o fallo de investigaciones disciplinarias que inclusive pueden terminar con la destitución del funcionario.
Luego el artículo 13 plantea crear un nuevo capítulo en la Ley 062 de 1993 que sería el Capítulo II CARRERA POLICIAL; es aquí donde aparece otro de los objetivos centrales del proyecto, donde crean una Comisión de Reestructuración del Régimen de Carrera Policial (el régimen de carrera como es sabido involucra prácticamente todos los aspectos relacionados con la institución) y le dan unas atribuciones para presentar las modificaciones necesarias. Por tanto, este es el instrumento que utilizarán para cambiar el modelo de policía, debilitándola frente a un contexto que aún no cuenta con las condiciones necesarias de un posconflicto real y total para la construcción de la paz, y poder, ahí si, estudiar la posibilidad de una “transición” que modifique el cuerpo de Policía, hacia un escenario donde la civilidad, los derechos humanos y las libertades públicas no estén amenazadas por las acciones de grupos armados ilegales, grupos criminales y ahora las organizaciones de vándalos.
Como se observa, esta comisión tiene una amplia potestad cuyo resultado sería la modificación total de la estructura y el régimen de la actual Policía Nacional. Pero, lo más grave es que allí se abre la puerta para incluir los aspectos que siempre han querido “quitarle” a la institución policial como es su régimen especial en materia de la asignación de retiro y prestaciones sociales, igualmente, lo que aún queda de la justicia penal militar que es la jurisdicción especial que juzga los presuntos delitos en que incurren los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional por actos directamente relacionados con el servicio o a consecuencia del mismo (seguridad jurídica) dejando al servidor policial en igual condición a la de cualquier profesión liberal sin considerar que se trata de una profesión de alto riesgo, que exige un alto nivel de cualificación, ya que en su ejercicio se debe hacer uso de armas de fuego que pueden ser letales al momento de un procedimiento policial. Esta pretensión pasa por alto que el servicio de policía se desempeña en el medio colombiano matizado lamentablemente por un alto nivel de peligrosidad por la violencia y especialización cada vez mayor de los delincuentes y las organizaciones delincuenciales.
Otro aspecto por considerar dentro de la exposición de motivos que sustenta el proyecto de reforma es el pronunciamiento tomado por los autores, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que hace mención de la Resolución 2151 de 2014 que dice: “la reforma del sector de la seguridad en entornos posteriores a los de los conflictos es fundamental para consolidar la paz y la estabilidad…” Este pronunciamiento tiene varios puntos de análisis que no se van a tratar en este artículo por cuanto sería bastante extenso, ya que como se observa el sector de la seguridad no es la Policía, si se tiene en cuenta la misma propuesta de la ONU sobre el concepto de seguridad humana (1994) en el cual exponen siete ámbitos o dimensiones para lograr la seguridad de las personas, lo que implica una reforma mucho más amplia que involucra varios sectores del Estado, si no todos.
En cuanto a “los entornos posteriores a los de los conflictos”, se les olvida a los señores proponentes que en Colombia se firmó un acuerdo de paz con un grupo guerrillero del cual quedó una parte amplia sin desmovilizarse, disgregada por varias regiones del país que actualmente se han reproducido y continúan confrontando a la Fuerza Pública y muchos de ellos siguiendo directrices del delincuente Iván Márquez de las FARC quien ahora lidera el movimiento autodenominado “la nueva marquetalia” y siguen en pie de lucha contra el Estado. Sumado a ellos sigue delinquiendo el grupo terrorista ELN de línea marxista, leninista, castrista, quienes continúan cometiendo secuestros, extorsiones, atentados a la infraestructura petrolera y ataques contra la Fuerza Pública.
De tal manera que se puede afirmar que aún no están dadas las condiciones para proponer un Policía similar a la de los estados desarrollados, -como lo mencionan los proponentes-, porque todavía persiste un conflicto generado por grupos armados y que las condiciones de un verdadero posconflicto para la construcción de paz no están dadas, ya que estos grupos vigentes no están dispuestos a desmovilizarse, entregar sus armas y cesar todas las acciones violentas y terroristas, de tal manera que la Policía Nacional aún debe seguir conservando toda su estructura y preparación especializada en tácticas de operaciones policiales para defender a la comunidad, para su defensa propia y para enfrentarlos cuando quebranten la ley y atenten contra la seguridad ciudadana, pues desde hace muchos años la institución fue declarada “objetivo militar” de estos grupos.
Vale recordar “en el periodo de posconflicto que invocan los proponentes” el hecho terrorista de lesa humanidad más reciente realizado por el ELN contra estudiantes inermes de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, donde fueron asesinados 22 jóvenes estudiantes colombianos. Sin embargo, esos hechos, para nada son tenidos en cuenta por los honorables senadores que lideran el proyecto. Pareciera que entre más vulnerable e inerme quede la institución, mejor será el proceso de reforma policial. Al fin y al cabo, varios de los proponentes son exguerrilleros y todos responden a la ideología izquierdista.
Sumado al punto anterior, complementan sus objetivos al proponer en el mismo proyecto desaparecer la “asistencia Militar” y crear una “asistencia de emergencias”, por medio de la modificación del artículo 170 de la Ley 1801 de 2016. Con este planteamiento, los proponentes borran de plano la asistencia Militar para apoyar el control y restablecimiento del orden público, que es el ambiente necesario para la convivencia pacífica y la seguridad ciudadana, reduciéndola únicamente a las emergencias y desastres. Esta propuesta es un “golpe bajo” contra la seguridad ciudadana y el mantenimiento de la convivencia de todos los colombianos, pues priva a los ciudadanos de recibir una última instancia de apoyo para la protección y la garantía de los derechos y libertades cuando estén siendo vulnerados gravemente.
Este objetivo va soterradamente en detrimento de todos los ciudadanos, ya que afecta a la colectividad, por ejemplo, el caso de las protestas violentas, desarrolladas por grupos vandálicos y anarquistas, que sistemáticamente atacaron y destruyeron instalaciones de instituciones públicas como alcaldías, sedes de la Fiscalía, juzgados, casas de justicia, centros de atención CAI de la Policía, igualmente los espacios públicos, el transporte público, y muchos bienes de ciudadanos particulares, entre otros, que dejaron en evidencia que, cuando los grupos de vandalismo son organizados y conducidos hacia unos objetivos de violencia y destrucción, y además de confrontación y agresión contra la fuerza policial y contra la comunidad, generan un ambiente complejo que requiere de un número de personal policial bastante amplio para poder controlar los desórdenes y lograr la normalización del orden y la convivencia, mucho más la limitación por tratarse de un grupo especializado que debe desarrollar estos procedimientos, como lo están exigiendo los grupos de derechos humanos y los mismos proponentes.
Cabe decir que estos grupos beligerantes de vándalos mostraron organización y planificación de sus acciones, pues atacaron coordinada y simultáneamente en diferentes ciudades y municipios del país, que si perfeccionan su actuar -como suele suceder con los delincuentes-, pueden llegar en un futuro cercano a un punto donde puedan superar las capacidades de pie de fuerza local de la Policía y causar con mayor intensidad los destrozos que hasta ahora se han observado y pasar a atacar a los ciudadanos y sus bienes por considerarlos privilegiados de clases “aristocráticas y pudientes” por tener un patrimonio producto de su esfuerzo y trabajo de muchos años, podría llegar al punto de requerirse la figura de la asistencia militar.
El segundo ejemplo son los ataques terroristas de grupos de las FARC (disidentes) y del ELN contra las unidades policiales en poblaciones apartadas y vulnerables, que por su magnitud puedan superar las capacidades de la Policía y llegar a requerirse la asistencia militar como ha sucedido en años anteriores. En ambos casos se requiere de una última instancia de apoyo por medio de esta herramienta, pues no se debe dejar un vacío que ponga en riesgo la libertad y el libre ejercicio de los derechos de una comunidad y sobre todo la garantía de la seguridad ciudadana, la cual es fundamento para convivir en paz.
Se insiste, parece que el objetivo es favorecer el escalamiento de la violencia que vienen realizando los grupos organizados de vandalismo y también dar mayores garantías a las acciones de los grupos subversivos como el ELN y las FARC disidentes, obedeciendo a la preparación de un escenario futuro de toma del poder por medio del anarquismo y la insurrección social favorecidos por la supresión de estos mecanismos existentes en medio de una propuesta de reformas planteadas dentro del marco legal. Podría ser un acto de irresponsabilidad acceder a esto sin considerar las consecuencias a futuro.
En esta misma línea de la sustentación de proyecto, los proponentes asumen una posición reduccionista al adjudicar a la Policía Nacional de Colombia un carácter militar por el simple hecho de estar asignada al ministerio de Defensa Nacional, y la equiparan con cuerpos de policía militarizados de Asia, Centroamérica y Rusia, sin demostrar mediante un estudio juicioso y argumentado cuáles son esas policías, como están organizadas, como operan, cuál es el nivel de militarización, y comparativamente cuál es su nivel de similitud y coincidencia con la Policía colombiana. Al realizar una verificación muy rápida se encuentra que los cuerpos militarizados que mencionan son ciertamente las unidades de “policía militar” que existen en todos los ejércitos y que cumplen funciones de regulación y control al interior de la fuerza militar, tal es el caso que mencionan de Rusia, la India en Asia, y Centroamérica, pero estas unidades de policía militar no están encargadas de la seguridad ciudadana o pública. Se trata de una desinformación para dejar un mensaje que apoye sus propósitos, pero no es asimilable al caso colombiano. Cabe decir que nuestras Fuerzas Militares también cuentan con las unidades de policía militar.
En este orden de ideas y en complemento a la que se indicó en el documento de la primera parte de este artículo, hay pasos concretos y evidentes que se han dado para consolidar el poder civil en Colombia y el carácter civil de la institución policial, lo que sucede es que los senadores proponentes no los toman en cuenta, está claro que para nada se ocupan de revisar, analizar y constatar en la Institución Policial ninguno de los aspectos que proponen reformar, sino que de manera ligera y subjetiva plantean cambios sin tener en cuenta el estado de los procesos de reforma que ya viene realizando la institución desde hace varios años.
En este sentido se mencionan otras acciones verificables que se han dado en el contexto colombiano, por ejemplo la decisión que en su momento tomó el gobierno nacional de nombrar un ministro de defensa civil -en Rusia, país que profesa la ideología de los políticos proponentes del proyecto, el ministro de defensa es un militar del ejército ruso-, además se estableció la dependencia directa del Director General de la Policía Nacional del Ministro de Defensa civil, el Director General se nombra por el señor Presidente de la República y debe ser un oficial de servicio activo de la institución policial, y recientemente a partir del año 2011 se dividió la Política Nacional de Defensa y Seguridad y se creó la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. En la primera se establecen los roles predominantes a cargo de las Fuerzas Militares y en la segunda a la Policía Nacional con alguna participación de las Fuerzas Militares y otros ministerios como el Ministerio del Interior. Lo cuestionable es que ninguna de estas acciones es considerada por los proponentes.
Cabe anotar que la elaboración de la Política de Convivencia y Seguridad Ciudadana está en cabeza del Ministerio del Interior con participación de otras instituciones como el DNP, el Ministerio de Defensa, entre otros, rigiendo actualmente la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana (PMCSC) emitida por el señor presidente Iván Duque en el mes de diciembre de 2019. En cuanto a la Planeación de la seguridad y la convivencia ciudadana a nivel regional y local está en cabeza de los alcaldes y gobernadores (poder civil) por medio del Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana desde el año 1993, dispuesto por la Ley 062 de ese año. Sin embargo, según lo que aluden en la sustentación del proyecto (página 38) pareciera que lo desconocen o simplemente no reconocen estos avances.
Tal es la ausencia de estudio y análisis, que en el documento de sustentación del proyecto no hay ni un solo aparte o mención que de cuenta de la revisión en la Policía Nacional de los procesos que se proponen reformar, en el cuál se indique y demuestre cuáles son las falencias o los lineamientos de índole militar en cada uno de ellos, que justifiquen un cambio total como el que están planteando. Por tomar un solo ejemplo, el tema de los derechos humanos, que ha sido bandera para la propuesta dando a entender que en la institución se desconocen totalmente, pero si fueran objetivos habrían revisado cuál ha sido el proceso de adopción, implementación y desarrollo dentro de la institución, al contrario, no presentan absolutamente nada del tema en la institución desde el punto de vista educativo y de la organización que se le ha dado al interior de la estructura de la Policía desde hace ya bastantes años.
A manera de conclusiones:
El proyecto se aprecia descontextualizado con la realidad de inseguridad y violencia que lamentablemente vive el país, que por la calidad de sus actores y el alcance que han ido adquiriendo nuevamente sobre todo los grupos terroristas como el ELN, las FARC disidentes “nueva marquetalia” y las bandas criminales, no han permitido un posconflicto real en el que se pueda propiciar una reforma al sector de la seguridad entre ellos el del cuerpo de Policía. No obstante, los proponentes sugieren crear un régimen de carrera de identidad estrictamente policial similar a la de los países desarrollados. Por ahora esta propuesta en sentido único refleja incoherencia.
No se puede caer en el juego conformista de proclamar un posconflicto con cada grupo (o parte del grupo) que se desmoviliza, y mucho menos con las FARC que lo hizo a medias, porque se genera una ambigüedad al pretender poner acorde a las instituciones con una parte resuelta del problema, pero que deben continuar enfrentando la otra cara en las mismas condiciones. Esto sería una disparidad que complejizaría el funcionamiento de las instituciones. En términos concretos, una policía para el posconflicto con las FARC y otra policía para que continúe cumpliendo funciones en un ambiente de violencia y amenaza constante de los grupos armados ilegales como el ELN y las disidencias de las FARC. La propuesta debería ser otra más amplia, y que considere los dos estados de la situación.
Falta objetividad en el análisis que sustenta el proyecto de “reforma de la policía” porque los proponentes nunca muestran una revisión y contextualización del estado de los procesos policiales frente a los que proponen cambiar, por tanto, se podría decir que la consigna es “cambiar por cambiar” por terquedad y con propósitos que podrían responder a construir un escenario que les sea favorable para llegar al poder a más largo plazo si sus objetivos inmediatos no se logran.
No es coincidencia que la propuesta de sacar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa Nacional y de constituir una nueva policía se presente en este momento cuando se aproxima el inicio de los procesos electorales para el congreso y la presidencia de la República, ya que muy probablemente los cálculos políticos que se hacen son que algunos de los proponentes o por lo menos de la ideología izquierdista puedan llegar a estos cargos, entre ellos el ministerio del interior, pues si llegase a aprobarse un proceso de reforma prácticamente sería adelantado por el nuevo gobierno. Esto podría constituirse en un riesgo para la democracia colombiana que puede verse amenazada por ideologías políticas que restringen los derechos y libertades de los ciudadanos, que impiden el derecho a prosperar, a generar riqueza, a la oposición, a la comunicación, entre otros, constituyéndose en instrumento de poder para los integrantes de este grupo político.
Dentro de la objetividad del presente escrito se reconoce que obviamente algunos aspectos que se proponen podrían ser convenientes para continuar avanzado en el proceso de fortalecimiento de la civilidad en que está comprometida la institución Policía Nacional hace más de dos décadas. Como ya se ha mencionado la institución avanza en un proceso de transformación cultural, actualizado por el modelo de transformación institucional MTI, y ha demostrado que está abierta a acoger nuevas acciones que fortalezcan su esencia civil, su profesionalización, su seguridad jurídica, su gerenciamiento, entre otros, como lo indica la ciencia de policía, pero el enfoque no debe desproteger a la ciudadanía, sino que al contrario debe ir en coherencia con el logro y el fortalecimiento de la convivencia pacífica.
En el proyecto no se propone nada beneficioso para los servidores de la institución, pues en la exposición de motivos para justificar el proyecto, los proponentes no mencionan para nada aspectos tan importantes como mejoras en el aspecto salarial, el respeto al uniformado, el bienestar, la motivación y estímulos, entre otros, que hagan atractivo el ingreso y sobre todo la permanencia en la institución, al contrario, lo que se observa es el desinterés real por el servidor de la Policía por parte de los proponentes y lo que pretenden es exigirle al máximo y desmejorarlo en su condición de funcionario y servidor público.
En Colombia lamentablemente no se ha logrado consolidar una cultura ciudadana fuerte para la convivencia pacífica, al contrario se ha evidenciado el incremento de comportamientos de irrespeto a las autoridades de policía, a las normas que rigen el buen comportamiento en espacios públicos y privados, las relaciones entre las personas y con el medio ambiente, la insolidaridad y el poco apoyo entre ciudadanos, la baja colaboración con las autoridades de policía, la pérdida de principios y valores que promueven la sana convivencia, las normas cívicas y de urbanidad hacia toda la comunidad, pero sobre todo, la persistencia de factores de violencia grave que afecta la seguridad ciudadana y que pone en alto riesgo, la vida, la integridad y el patrimonio de los ciudadanos.
En este sentido, para plantear una reforma del cuerpo de Policía deben primero plantearse acciones de Estado para recuperar y fortalecer la cultura ciudadana para la convivencia pacífica, donde se comprometan sectores como el de la educación, sin adoctrinamientos y sin sesgos bajo el estigma de la mala interpretación del “derecho al libre desarrollo de la personalidad”. Muchos de los educadores deberían preguntarse cuál ha sido su aporte, al observar los comportamientos arbitrarios, violentos y contrarios a la sana convivencia que han caracterizado los grupos de vándalos integrados en su mayoría por jóvenes. El compromiso de algunos sectores políticos que se dedican a promover la violencia como mecanismo para llegar al poder, para dejar estas prácticas y a ser en realidad pacifistas y transparentes al exponer sus ideas. Fortalecer el núcleo de la familia, el referente de respeto y autoridad, los valores y principios democráticos y ciudadanos, entre otros.
Parafraseando al señor Brigadier General Hipólito Herrera Carreño, Presidente del Colegio Profesional de Administradores Policiales: “no es estrictamente la Policía Nacional la única llamada a reformarse y reestructurarse, sino el conjunto de la sociedad y sus autoridades administrativas que la gobiernan” para que en realidad se logre un alto nivel de cultura ciudadana que permita un ambiente óptimo para la convivencia pacífica y en ese estadio funcione la Policía Nacional como responsable del mantenimiento de esas condiciones necesarias para el libre ejercicio de los derechos y libertades públicas, como lo indica la Constitución Política.
Finalmente, no está dado el ambiente social de seguridad para imponer una policía como la proponen los señores senadores Iván Cepeda, María José Pizarro, Alexander López, Antonio Sanguino, Germán Navas Talero, entre otros, con limitaciones a sus actividades de prevención y control del delito, privándola de atribuciones para poder requisar personas, muebles e inmuebles, de utilizar el tipo de armamento que responda a los que utilizan los grupos delincuenciales y criminales, de investigar el delito y de desarrollar actividades de inteligencia, como lo pretenden estos señores senadores. Al contrario, la situación reinante exige capacidades y fuerza coactiva suficiente del Estado, empoderamiento y recuperación de la autoridad, el respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos, no solo de unos grupos, el respeto y cumplimiento autónomo a las normas de convivencia, como elementos mínimos necesarios para responder a estos desafíos que muestran los grupos vandálicos anarquistas, los grupos criminales y delincuenciales y los grupos armados ilegales terroristas en contra de la seguridad pública.
CR. RP. Jorge Elías Salazar Pedreros
Vicepresidente Colegio de Coroneles de la Policía Nacional
