Las acciones dispuestas por el comité nacional del paro ya cumplen 29 días, donde se han evidenciado claramente estrategias de operación planificada, organizadas y aplicadas bajo unos principios de forma de lucha que ha combinado la manifestación pacífica y la protesta violenta y vandálica. Eso es incuestionable, porque han obedecido al desarrollo de movilizaciones pacíficas en varios municipios y ciudades del país la cual se puede considerar una fase de normalidad donde se involucra a ciudadanos de bien que manifiestan peticiones sobre diferentes problemáticas que consideran deben ser escuchadas y atendidas por los gobernantes, centrando sus demandas hacia el gobierno nacional.
Y una segunda fase de alteración que planificadamente se activa a horas determinadas y en puntos o sectores preparados con anterioridad la cual se manifiesta por medio de actos vandálicos, acciones delincuenciales y actos de terrorismo urbano, generalmente cuando las marchas pacíficas están llegando a su finalización.
Es preocupante que las acciones vandálicas se han ido perfeccionando y se observa que se han convertido en una práctica diaria que, en el común de las personas en las calles, en sitios públicos, en las interacciones con vecinos etc, manifiestan su gran preocupación, temor y zozobra, pero lo más preocupante es el estado de ansiedad y desesperación que se aprecia cuando manifiestan: ¿por qué el comité del paro no suspende ya los bloqueos o por qué las autoridades no quitan los bloqueos? ¿por qué no termina el vandalismo contra el transporte público, contra los grandes y pequeños establecimientos comerciales, contra los bienes públicos?
Estas expresiones han surgido, porque son muchísimos los ciudadanos comunes que están afectados por el vandalismo, me refiero a aquellos que residen a los alrededores de donde se generan las movilizaciones públicas que como se dijo algunas de ellas degeneran en protestas violentas y vandálicas, que causan además de las afectaciones a sus bienes por la pintura de grafitis, intranquilidad por la apariencia de los sujetos que merodean por los barrios y residencias, descontento por las dificultades de movilización para ingresar y salir de las residencias, daños por el lanzamiento de piedras, artefactos explosivos e incendiarios, pero sobre todo porque estos “sujetos” que ocultan sus rostros, con lenguaje grosero, altanero y amenazante se dan ínfulas de “autoridades” sometiendo a control a los ciudadanos, obstruirlos, requisarlos, interrogar sobre quienes son y para donde van, señalarles por donde pueden pasar y por donde no, en fin, una serie de limitaciones a los derechos y libertades de los ciudadanos bajo la imposición de una fuerza basada en la multitud de jóvenes vándalos, armados de piedras, garrotes, varillas, armas blancas, y en algunos casos de armas de fuego.
Este sometimiento también lo han tenido que vivir quienes se movilizan en vehículos particulares, camiones, etc. Se ha observado en municipios cercanos a la ciudad de Bogotá, en Neiva, Jamundí, Tuluá, y muy marcadamente en Cali, entre otros tantos, donde se han visto las imágenes de como los “requisan” en los puntos de bloqueo, pero también ahora en cualquier parte de las vías públicas de algunos sectores donde los vándalos se ubican en forma dispersa cerca a los semáforos y controlan la locomoción dando paso o impidiéndolo a los automotores con una táctica de reacción y apoyo coordinado, porque cuando un ciudadano de alguna manera se opone o les hace la observación de por qué lo controlan, estos toman una actitud de amenaza y ataque llegando inmediatamente desde puntos aledaños una gran cantidad de juventudes vandálicas que rodean, amedrentan y proceden a romper y destruir el vehículo, bajo expresiones de omnipotencia y autoridad ilegal. Sumado a esto, muchos transportadores han dado a conocer que en varios sitios especialmente en las vías nacionales los vándalos en los puntos de bloqueo “cobran peaje” extorsionando a los ciudadanos.
Todo este abuso y suplantación de autoridad, irrespeto y violación de los derechos humanos de la mayoría de ciudadanos en las zonas afectadas con repercusiones graves a toda la población a nivel nacional, ha llevado al surgimiento de una conciencia colectiva de repudio hacia los “vándalos” y a la generación de un sentimiento de impotencia, inferioridad y opresión de la ciudadanía, que es reforzada por la información que circula en un buen número de medios de comunicación principalmente de televisión y radio, donde los promotores del paro y muchos sectores políticos, sociales y de organizaciones de derechos humanos implícitamente aprueban este tipo de prácticas asociándolas como protesta “pacífica” enviando un mensaje de desinterés y despreocupación por los derechos, las libertades y el bienestar de la comunidad en general. Inclusive un “defensor de derechos humanos” de Cali, entrevistado por un noticiero de televisión habló varias veces del “estallido social” refiriéndose a las protestas, pero en ningún momento cuestionó ni reprochó la gran magnitud del vandalismo, el saqueo, los ataques a la autoridad de policía y la destrucción que han causado.
El accionar de la Policía Nacional ha sido inquebrantable, maximizando sus capacidades por medio de dispositivos que han involucrado un alto número de funcionarios y que ha obligado a reforzar las capacidades de muchas unidades a nivel nacional, porque la estrategia de desestabilización y de caos ha aprovechado la desproporción de las fuerzas en número de policias para poder contener las “hordas vandálicas”, observándose que se seleccionan municipios donde la cantidad de policiales son fácilmente superados en número por las masas de vándalos, con el agravante que cuando la institución hace uso legítimo de la fuerza para tratar de restablecer y conservar el orden público y salir en defensa y protección de los derechos de los ciudadanos, se activan las redes de falsa denuncia y desinformación sobre presuntos abusos o “represión” de la “protesta pacífica” recibiendo el apoyo de los principales medios de comunicación que por la televisión muestran un panorama que favorece la anarquía y la destrucción, que nunca condena enfáticamente a los vándalos antisociales y que muy poco sale en respaldo a los derechos y la seguridad de los ciudadanos de bien que están siendo afectados.
El estado de postración de la comunidad y de muchos sectores y gremios que se han visto en situación de súplica ante los malhechores vandálicos para que no sigan asfixiando los derechos y las libertades de los ciudadanos, no son atendidos y al contrario persisten alevosamente convirtiéndose en un “caldo de cultivo” peligroso y de alto riesgo que puede movilizar el sentido de supervivencia y de recuperación de la dignidad de los ciudadanos de bien, que podría desembocar en enfrentamientos movidos por la angustia y la desesperación. En este sentido, ya se han dado algunos hechos como los registrados en la ciudad de Cali principalmente contra la minga indígena que atropelló a los ciudadanos y pretendía violentamente irrumpir en predios privados para tomar abusivamente posesión sin atender el Estado de derecho creyendo ser los dueños de todo el territorio colombiano, frente a lo cual los ciudadanos defendieron de la agresión violenta su vida, sus bienes, sus familias y su propiedad privada.
Estas expresiones ciudadanas surgen, porque los ciudadanos colombianos de bien saben que en nuestro derecho penal existe el derecho a la legítima defensa consagrada en el artículo 32 de la Ley 599 de 2.000, que se refiere a una concesión del Estado al individuo para proteger sus derechos contra una agresión injusta, actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcional a la agresión. En la misma forma implica actuar por la necesidad de defender un derecho ajeno en las mismas circunstancias. También se presume la legítima defensa cuando se rechaza al extraño que, indebidamente, intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas. Pero, más allá de la norma existente, la condición humana per se mueve al individuo a proteger lo suyo mucho más cuando se trata de su propia vida.
El actuar ciudadano no es premeditado ni calculado, tiene varias explicaciones, entre ellas desde la sociología, en este sentido, vale reflexionar que los sociólogos cuando hablan de las normas que orientan la acción social, entre ellos Durkheim manifestaba que “el carácter social de la acción humana arranca del hecho de obedecer dicha acción a unas maneras colectivas de obrar, de pensar y de sentir, externas a las personas” (Rocher, 1990, 37) Por lo tanto, si esas maneras de actuar respetan las normas sociales, la acción será aceptada dentro de la sociedad, y en caso contrario sociológicamente esas acciones -refiriéndome a las acciones vandálicas- no serán aceptadas por la sociedad. En mi concepto estas formas de acción pueden surgir espontáneamente y se expresan en el rechazo por parte de la comunidad.
Por lo tanto comprendiendo esta situación, se debe evitar al máximo que la legítima defensa se generalice, porque a pesar de ser un derecho legal, podría escalar a unas situaciones mucho mayores y peligrosas que podrían incrementar la alteración del orden público y social.
Sin embargo, si se continúa avivando la barbarie como lo han hecho algunos “honorables senadores” en particular uno que manifestó públicamente que “estaba recogiendo fondos para armar a los vándalos que integran lo que ellos denominan la primera línea” estarían instigando de manera peligrosa e ilegal la realización de acciones que podrían terminar en enfrentamientos entre ciudadanos y así originar una probable insurrección local que podría replicarse hacia otras regiones del país.
En este sentido, es urgente que con una visión anticipativa, los organizadores del paro nacional deberían públicamente desaprobar los bloqueos, no asociarlo o asimilarlo a una “protesta pacífica” promoviendo su desactivación, y ser mucho más claros en los mensajes que envían sobre lo que es realmente una movilización pacífica.
Por: Cr. RP. Jorge Elías Salazar Pedreros
Vicepresidente Colegio de Coroneles
Vicepresidente Colegio Profesional de Administradores Policiales