Fuente: Elkin Salcedo
Teniente Coronel (Rp)
Asesor Senior Internacional de Paz, Seguridad Ciudadana y Resolución de Conflictos
Geodese 17
A pesar de representar solo el 8,28 % de la población mundial (Statista, 2022), los países latinoamericanos aportan el 33 % de homicidios a nivel global. Este hecho convierte a la región de Latinoamérica y el Caribe en una de las más violentas del mundo, más aún teniendo en cuenta que en promedio hay una tasa de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes (InSight Crime, 2023), lo que supera el triple de la media a nivel global que es de 5,79 por cada 100.000 habitantes (UNODC, 2023).
Este panorama se hace más complejo si se añaden causas sociales, culturales, políticas, económicas y de seguridad tales como el aumento en la producción de cocaína, el tráfico de armas, la migración, así como la delincuencia común y el crimen organizado nacional y transnacional.
Estos factores representan un gran desafío para los Estados a la hora de administrar justicia y propender por la protección de vidas y bienes de sus ciudadanos.
Bajo este panorama, surgen varios interrogantes:
- ¿Qué estrategias se deben implementar para evitar la comisión de delitos?,
- ¿cómo se puede mitigar su impacto en la tranquilidad, bienestar y confianza de la ciudadanía?,
- ¿qué medidas se deben tomar para reducir las acciones delictivas?,
- ¿cuáles deben ser las características de un sistema que garantice bajos niveles de impunidad en el momento de la operación de justicia?,
- ¿por qué y cómo gestionar la reincidencia de los autores, las conductas y las víctimas de los delitos?,
- ¿qué decisiones se deben tomar para implementar un sistema de resocialización e integración del delincuente en la sociedad?,
- ¿cómo influye la administración de justicia en el desarrollo de un país?
Estas son algunas preguntas que están inmersas en el campo de la política criminal.
El presente artículo no pretende responder a todas estas cuestiones en un solo tratado; sin embargo, inicialmente el objetivo se enfoca en que el lector comprenda e identifique qué es la política criminal y su relevancia en el ejercicio de derechos, libertades y deberes de los ciudadanos, así como la acción e intervención del Estado como actor principal en el diseño, implementación y promoción de las condiciones de convivencia pacífica en su territorio.
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