DIÁLOGOS SOBRE GESTIÓN HUMANA
¿El perfil de incorporación se basa en necesidades institucionales o del servicio? ¿y la ciudadanía qué necesita?
¿La selección si es eficiente? ¿La prueba incluye: vocación, talante y espíritu de abnegación? ¿Hay formas de percibir las tendencias a la debilidad humana, trasgrede lo legal, moral y ético? ¿Son confiable los métodos y procesos de identificación de riesgos de corrupción administrativa o política? ¿El perfil de los aspirantes obedece a doctrinas y políticas de comportamiento policial orientados a cultivar valores éticos, o a cumplir cuotas de admisión?
¡La corrupción no sólo es de dinero, sino de poder, violencia o intimidación! Es una conducta que y requiere especial inmunización en la formación y el servicio. Los miembros de la institución no necesariamente son corruptos, pero están inmersos en un ámbito donde rondan ámbitos negativos y distorsionados. ¿Se prevé la actuación bajo el entendido de que entre mayor contacto con el infractor más posibilidad de ceder a la tentación?
La intervención fundamental, ¿es preventiva?: ante el riesgo de vicio, indisciplina, soborno y corrupción?:
- Se implementan estrategias orientadas a: ¿las competencias del ser, conducta ética, cultura de servicio, seguridad institucional, valores y principios, actitudes, aptitudes?,
- Se incentiva y refuerzan ¿prácticas y mecanismos de inteligencia e información para obtener información relativa a la detección de prácticas corruptas (Informantes anticorrupción), Motivación vs pulsión?
- ¿Se siguen patrones de visión: limpia vs corrupta; oportunidad vs deseo?
- Prevención de imagen y reputación institucional: Riesgos Asociados: reputacional, legal, operático, contagio, inherentes, residual o neto.
- ¿Se practican estrategias tendientes a fortalecer el respeto a la autoridad, la dignidad, la recuperación de la gobernabilidad?
- ¿Se revitaliza la empatía del policía con el ciudadano? (trascender de ser un “robot” en un puesto fijo, a un ser humano que protege y se preocupa por el bienestar y tranquilidad de las personas).
- Prevención riesgo operacional:
- ¿Se cumplen las estrategias para mitigar riesgo de “justicia por propia mano” por parte de la ciudadanía, ante la insuficiente presencia e intervención inmediata de la policía?
- Actuación temerosa del personal ante la opinión pública (inseguridad de intervención que contamina a los demás compañeros). ¿Insuficiente formación y capacitación?
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- ¿El nivel académico como profesional de la seguridad pública refrenda las competencias intelectuales y gestión de conocimiento? ¿La idoneidad corresponde a las demandas, necesidades y retos de la inseguridad?
- ¿Las Alianzas estratégicas con sector académico y educativo para desarrollo de competencias integrales, son las adecuadas?
En ese sentido urge revisar la estructura social, administrativa y operativa o las condiciones del servicio que facilitan, estimulan o generan la descomposición.
Existen diversas teorías sobre el comportamiento criminal o antisocial. Una de las cuales sostiene que el hombre es delincuente porque posee ciertas características de personalidad que lo impulsan a delinquir. Es una postura patológica resultado de una afectación personal, como enfermo o víctima del crimen.
En criminología se ha encontrado que efectuar un delito no es resultado de una decisión individual sino de una estructura social que lo facilita: “El triángulo del delito”. Las oportunidades de falla más comunes, por ejemplo, el manoseo de indeseables con las unidades de vigilancia. El personal deja de ser “autoridad confiable” para convertirse en “vecino de confianza”. El servicio de tránsito, de aduanas, penitenciario, es altamente apetecido, porque incita a toda clase de torcidos. A esto se ven abocadas instituciones como la policía, las fiscalías, las comisarias, las aduanas y la guardia de prisiones.
Por esta razón es difícil dilucidar esta situación porque existe el perjuicio de que si los conceptos no coinciden con los postulados o ideales institucionales se rechazan.
Existen condiciones institucionales que obligan a eludir el tema, pues no es agradable aceptarlo. Situación que afecta no sólo a la policía sino a la ciudadanía.
Lamentables actitudes como la del comandante autoritario, carente de don de mando y de moral, que dice a un subalterno: “¡A mí no me importa lo que usted piense, yo lo que estoy diciendo es lo que yo quiero de usted”! Entonces, después otro coronel adopta el mismo tono con un suboficial subalterno, hasta provocar una reacción descomedida. Esos casos de racionalidad abusiva no solo medran la imagen institucional, sino que comprueban el deterioro en la formación de mandos superiores.
Surge aquí una pregunta: ¿Por qué para conseguir un desempeño correcto amenazados bajo la teoría X? Es decir, por implantar el poder se pierde la autoridad, lo cual da pie para criticar una presunta estructura militar, que de todo tiene menos de castrense y con base en ello separarla del Ministerio de Defensa.
Eso hace presumir que no se trabaja en equipo, en dimensión horizontal (teoría “Y”). Que las estructuras jerárquicas no se respetan. Que desaparecieron los debates procedimentales, la identificación de escenarios, el análisis de riesgos interno y externo y las autocríticas constructivas. La racionalidad del ejercicio lineal se ha transferido al servicio en lo público. Transciende la existencia de un ámbito de lucha por poder, pero no de autoridad (poder vs. autoridad).
Se observa una mezcla nociva de autoridad con mando, poder con autoridad, y subordinación con descomposición. El problema surge cuando esta racionalidad se traslada del seno institucional a un ente de análisis, discusión o debate. Los aspectos operativos sirven para resolver conflictos, los problemas tácticos son de análisis y los estratégicos son de crítica, opinión y debate. El comandante es quien tiene el horizonte.
La racionalidad jerárquica negligente, hace mal uso del poder público. Contamina el escalafón; facilita el abuso, la indisciplina o ambas cosas; la autoridad se menosprecia; la actual estructura es válida para el servicio que debe recibir la ciudadanía.
No cabe duda de la coherencia moral que requieren la ciudadanía y las demás autoridades. La estructura organizacional facilita la fortaleza institucional, en la cual la lealtad, la moral, los principios, los valores y el sentido de pertenencia deben blindarse frente a conductas de corrupción.
En la actualidad es pertinente cuestionar si se tiene cuantificado el grado de eficiencia del servicio frente al riesgo público y si el personal vinculado a la institución es confiable e inmune frente a las distintas formas de ilegalidad. Estamos inmersos en un país caracterizado por la violencia, la insuficiencia de justicia. Cuando el gobierno civil está por encima del poder militar robustece entornos de corrupción. Cuando está a la par se mide en sus apetitos y conserva cierto respeto. Cabe recordar la ingrata experiencia de violencia que vivió Colombia antes de 1953. Qué hubiera sido de la institución si estuviera bajo la dirección de los gobernadores plenos de corrupción, terrorismo, politiquería.
La policía debe evitar politizarse ni monopolizarse. Los miembros de la institución pueden tener su ideal político, pero no pueden hacer proselitismo. Esto le ha permitido permanecer incólume ante la corrupción política y mantener su postura dentro del Estado.
Desde la geopolítica, la filosofía y la ciencia política surge un interrogante: ¿cuál es la tarea del Estado?, especialmente la justicia y el combate contra el crimen. Si se recupera el modelo jerarquizado, de estructura lineal o militar y no horizontal para servir a las comunidades, es posible enfrentar la delincuencia organizada, el terrorismo y los grupos armados ilegales.
Ahora para resolver los conflictos se acude a personal de alto nivel cultural, con capacidad de negociación donde se desconoce al Estado para enfrentar las acciones comunitarias como la protesta social, el terrorismo o las migraciones. En esta época de alta tecnología la policía no puede ser reactiva-represiva sino un cuerpo conciliador, con autoridad respetable por encima de los cargos políticos. A la vez debe poseer un núcleo de alta inteligencia, con oficiales altamente especializados en estrategia, que anticipe graves acontecimientos de orden público.
Actualmente tenemos una casa con excelentes cimientos, pero se van a caer sus muros agrietados; entonces surgen varias preguntas: ¿Esperamos que otros construyan una nueva policía o hacemos más efectiva la actual? ¿reparamos o derrumbamos? o ¿seguimos mirando a otro lado?
En el INPEC sigue sin solucionar el hacinamiento, la violencia y continúa desbordada la corrupción. Pesa más el criterio administrativo que el imperio del orden y la disciplina. Con un director civil el dominio lo tienen los presos, pero si lo ejerciera un oficial se aspira a mantener la autoridad y el respeto. En estas instituciones donde debe brillar la disciplina, un civil que no es de carrera no es más que un burócrata.
En la opinión pública reina el concepto que el poder en la policía lo tiene la alta dirección, con su escalafón, reglamentos y directrices. Pero que el cuerpo está separado. Unos actúan como héroes y otros esperan el sueldo de retiro. Seguramente trabajamos sobre una verdad que no es cierta.
Se desconoce si la actual estructura redunda en beneficio de la comunidad y si su ejercicio satisface las necesidades requeridas. En el libro La idea de justicia, Amartya Sen dice: “Hemos tenido una verdad que no es cierta y es que la justicia viene de las instituciones, cuando la justicia viene de la satisfacción de las necesidades de la sociedad, que es al revés”. Por lo tanto, las instituciones deben estar al servicio de la satisfacción de las necesidades y no las instituciones por encima de las necesidades de la comunidad.
Entonces, ¿cuál es el tipo de policía que Colombia necesita: ¿universal, sectorizada, parcializada, cultural o social?
Por ejemplo, ¿La policía en La Guajira es la misma que se necesita en Ciudad Bolívar? Esa es la pregunta.
La respuesta es: ¡SÍ!, porque el crimen, la violencia, la subversión, el terrorismo, la corrupción, las protestas y la dinámica social son iguales en La Guajira que en Tumaco, que, en Lima, Buenos Aires, México o la India. Vivimos la posmodernidad y el concepto griego de la polis ha quedado revaluado.
La estructura policial en el mundo contemporáneo debe articular las necesidades sociales, la participación comunitaria y la convivencia pública mediante la autoridad y la imposición del orden.
Estamos hablando de una policía con una mejor estructura administrativa y jerárquica para responder a las necesidades que no se sabe exactamente cuáles son, pero que las vemos iguales.
Cuando se habla de crimen o BACRIM no se dice nada. Se hace referencia a factores sociales en una comunidad, en una estructura social existente que padece una afectación social. Pero ¿por qué ahí y no en otro lugar?, porque aquí. la forma es ésta y se combate con reglas generales, con los mismos procedimientos, pero en unos lugares funciona y en otros no. El problema de la interpretación no es de la institución sino de los códigos de policía y de las leyes criminales. La cuestión es que no se han estudiado a profundidad las condiciones particulares de la criminalidad. Lo que no funcionan son las reglas, los códigos y los conceptos de los criminólogos.
El problema no es el servicio que presta la policía sino la falta de modelos de seguridad ciudadana y de comportamiento criminal, de los modelos denominados dinámicos o de las teorías situacionales y no de leyes que gozan de una autonomía conceptual insuficiente. *García, A. & de Molina, P. (2005). Criminología. Editorial Tirant Lo Blanch, p. 19.
Los problemas étnicos, sociales o políticos no los resuelve la policía. A ella le corresponden el orden, los procedimientos y los métodos. Lo que sí se necesita son condiciones estructurales que impidan confundir policía con justicia, para que determinadas secciones de ésta última no sean más o menos efectivas. Las estructuras sociales, los factores históricos, la salud, la educación y la satisfacción de las necesidades primarias facilitan la armonía.
Estos son aspectos que se deben considerar en la formación de los comandantes de policía. Mientras no entiendan lo que pasa en el mundo no podrán comprender las estructuras del crimen ni la inconformidad social, porque eso es un problema de normas. El objetivo del derecho penal no es hacer justicia sino resolver conflictos bajo leyes jurídicas.
Para que exista una escala mayor de eficiencia en el servicio se requiere que quien ingrese a las filas policiales quiera ayudar a la gente, que tenga un espíritu altruista, un alto sentido de la dignidad y la abnegación, y capacidad para defender la justicia, dentro y fuera del servicio. Es decir, que además de moral tiene vocación, inspiración y subordinación.
Fuente: Cr. (RA) Luis Enrique La Rotta Bautista
Past President Colegio de Coroneles