Todos los colombianos, desde que comenzó el “paro nacional” promovido para el 28 de abril y que ya cumple quince (15) días de ejecución, hemos observado, escuchado y percibido, algunos en forma directa, pero la gran mayoría por los medios de comunicación hablada (televisión y radio), escritos y por las redes sociales, una serie de informaciones acerca del desarrollo de este movimiento que ha afectado las actividades cotidianas personales, familiares, laborales, económicas, entre otras, de la sociedad en general.
Pero muchas personas se cuestionan la forma como se han manejado las informaciones por algunos medios de comunicación, por que se ha percibido como la opinión pública es manipulada y se lanzan mensajes que por medio de la repetición los vuelven verdades “falsas” que han hecho daño en muchos sentidos, principalmente para el propio movimiento de manifestación pacífica. Esta manera de presentar la información responde a la estrategia de la publicidad que utilizan los medios de comunicación basada en la repetición constante de un anuncio, un mensaje o una información para lograr la fijación en el subconsciente individual y colectivo del receptor, en este caso de los ciudadanos.
Esta se puede considerar una estrategia válida para el posicionamiento y lograr la fidelidad de las personas hacia una marca o un producto, pero de acuerdo a mi análisis, cuando se trata de información pública que puede repercutir en la seguridad ciudadana, la convivencia y el orden público, resultan inapropiadas, por que pueden estar sirviendo a intereses particulares de sectores políticos de ideologias contrarias a las democráticas. Estas estrategias están siendo aplicadas con lineamientos políticos desde hace ya un tiempo que lo podemos remontar al auge de las redes sociales y de la publicidad por medio de la web ubicándola en la revolución y la globalización de las TIC desde inicios del nuevo siglo aplicadas recientemente a las protestas públicas que se han dado en el contexto latinoamericano y en nuestro país.
Es una verdad, que se trata de una estrategia y que está siendo utilizada para difundir masivamente ideas, propuestas y pronunciamientos de sectores políticos, y esto no es del todo malo cuando responden a un ideario abierto, claro, no parcializado y basado en la verdad, pero lo cuestionable es que se estén utilizando los medios de comunicación principalmente los de la televisión y la radio que son los mayormente masivos, haciendo difusiones con propósitos de fijar en la mente y por qué no decirlo del corazón de los ciudadanos, mensajes, muchos de ellos, mentirosos disfrazados de verdades, en contra del orden social, de la institucionalidad, de la convivencia pacífica, de la civilidad, del respeto de los derechos y libertades de los ciudadanos, de la autoridad, del ESMAD y de la Policía, que al ser transmitidos aplicando la estrategia mencionada de repetir muchas veces las imágenes de una noticia o de entrevistar repetidamente personas que van a reindicir en comentarios y planteamientos de la misma línea ideológica, que bajo una forma consistente y sistemática, actúan como fusible que “atiza el fuego” y de alguna manera propicia la continuidad de este tipo de acciones.
Pongo el siguiente ejemplo: cuantas veces, -ya perdí la cuenta- han repetido las imágenes del joven que fue víctima de disparos en el viaducto en la ciudad de Pereira; quien lamentablemente falleció, sí, es un hecho que hay que repudiar, condenar, investigar y sancionar; pero que pasa, con la infinidad de veces que se retransmite, pues se fija en los ciudadanos en general un sentimiento de rencor, rechazo y hasta de venganza y al contrario validando que él estuviera allí en un bloqueo que no es pacífico a una vía tan importante como el viaducto de esa ciudad. Sumado a ello, los vándalos anarquistas que actúan como bárbaros también son influenciados por el bombardeo de la noticia logrando como resultado que realicen actos violentos y delincuenciales contra la Fuerza Pública y contra todo lo que se les atraviesa, en “protesta” por el hecho.
Respecto a la protesta social, se observa que se habla sebre ella como un derecho y se repite constantemente hasta el punto que todos los actores resultan hablando del derecho a la protesta social, entre ellos, magistrados de las cortes, funcionarios, instituciones, organos de control del Estado, académicos, entre otros, pero la verdad es que en la Constitución Política de Colombia no existe concretamente el “derecho a la protesta social”, eso es un concepto que han tomado de pronunciamientos jurisprudenciales del sistema interamenricano de protección de derechos humanos, entre ellos, una sentencia que se promulgó en un caso relacionado con Venezuela.
Nuestra Constitución, en su artículo 37 proclama muy concretamente es el derecho a la manifestación pública y pacífica, y allí mismo incluye el derecho de reunión. Cabe mencionar que ninguna de las Cortes se ha ocupado de estudiar y definir el concepto, alcance y finalidad de lo que se denomina como “derecho a la protesta pacífica” aunque si se han referido al derecho de reunión, de huelga, de libre expresión, entre otros. En este punto resulta inaudito que el Congreso de la República, observando la estrategia de movilización de masas con el trasfondo agresivo y violento que se inició desde el año 2019 para afectar el orden público y el orden social de nuestro país, no hayan legislado, siendo uno de los mandatos de la Corte Constitucional en sentencias como la C-223 de 2017 y C-009 de 2018, entre otras.
Entonces deberiamos hablar del derecho a la reunión y movilización pacífica, y aquí nace un intringulis bastante complejo, primero por que los promotores de la llamada protesta social pacífica, siempre promulgan que es pacífica, pero la verdad es que no han mostrado acciones concretas para demostrar que las movilizaciones que ellos promueven logren materializar esta condición, por varios motivos, por ejemplo, no toman ninguna medida de control de las personas que ellos mismos han convocado, para evitar la infiltración de manifestantes que camuflados posteriormente en el desarrollo de la movilización pacífica realizan actos de violencia y vandalismo contra los servicios de transporte público, los establecimientos comerciales, los edificios públicos, el mobiliario público, entre otros; pero tampoco permiten que las autoridades los realicen.
Es evidente que cuando se infiltran grupos de vándalos son identificables por sus vestimentas, los accesorios que emplean, su organización como grupo, sin embargo, tampoco toman ninguna acción para expulsarlos y evitar que estas personas vayan dentro de las marchas o movilizaciones, sino que los toleran con pleno conocimiento que van a vandalizar y romper el carácter pacífico de la marcha.
Por ejemplo, toleran la participación de algunos grupos que deslegitiman la movilización pacífica, como los indígenas que evidentemente fueron observados por diferentes medios, en la ciudad de Cali, portando armas contundentes, armas cortantes como machetes y cuchillos y en algunos casos armas de fuego, quedando registrado en videos y en imágenes, igualmente donde intervinieron escoltas armados de la agremiación indígena CRI del Cauca, sin embargo sobre esto no tomaron ninguna acción pública de control y rde echazo.
Un verdad es que el derecho a la movilización siempre que ha sido verdaderamente pacífica, se ha realizado y se ha garantizado y protegido, y nunca ha culminado con enfrentamientos entre los manifestantes y la fuerza de policía, por que el policía es el menos interesado en compeljizar y problematizar la prestación de su servicio, a él le interesa que los ciudadanos realicen su actividad y la culminen sin problema para el poder culminar su servicio sin complicaciones.
El policía no busca exponerse a acciones violentas y ataques en su contra, ni que le digan improperios y ofensas, por el contrario, cuando la actividad se desarrolla en completa calma y tranquilidad, con el respeto a las normas y a la autoridad, todo transcurre y culmina en paz. Esa es una manifestación pública pacífica.
Pero ¿cuando se rompe ese hilo, entre lo pacífico y lo violento que en nuestro medio del ejercicio de este derecho lamentablemente se ha vuelto muy frágil?, primero cuando con las acciones de los manifestantes se afectan los derechos de los demás ciudadanos que no participan de las movilizaciones, por ejemplo cuando se obstaculiza en forma permanente el servicio público de transporte, o cuando sujetos que van en las marchas proceden a causar daños a paredes y fachadas de edificios públicos y privados, y segundo, como viene sucediendo en la aplicación de la estrategia actual, cuando entran en acción los grupos previamente organizados que aprovechando las manifestaciones, proceden a realizar vandalismo, actos de barbarie, acciones anárquicas encontra de la fuerza de policía, en contra de los derechos de los demás ciudadanos, especialmente contra su vida y sus bienes y en contra del patrimonio público.
Otra verdad es que cuando esto sucede, es deber de la autoridad representada en la Policía Nacional intervenir, pero hago énfasis, que interviene no a la manifestación pública pacífica, nunca, sino a los disturbios, vandalismo y ataques violentos generados por los grupos vandálicos, y hay que hablar claro, el vandalismo implica una serie de delitos muy graves, que obligan la intervención policial, que lo hace utilizándo la fuerza legítima conferida por el Estado, porque debe restablecer el orden y garantizar los derechos y libertades de todos los ciudadanos.
Podría decirse que se intervienen las acciones violentas para proteger la movilización pacífica; pero que sucede, que en algunas ocasiones personas que hacen parte de la movilización pacífica se solidarizan y “contagian” y también incurren en acciones de irrespeto, ofensa, desorden y vandalismo por lo cual también son objeto de acciones de control por parte de la fuerza policial, y esto parece que no quiere ser entendido por los organizadores y por organismos de control y defensores de derechos humanos, quienes parcializadamente manifiestan que el cuerpo de policía “ataca la manifestación pública pacífica” sacando los hechos del contexto real de violencia.
Estos son hechos sencillos de entender, pero dentro de la manipulación de la opinión pública que se ha referenciado en este escrito, los organizadores de las movilizaciones que en su gran mayoría de veces hacen parte de grupos de ideologias de izquierda o de grupos de oposición política al gobierno de turno, distorsionan y manipulan la opinión pública y con la ayuda de los medios de comunicación replican que se ha “atacado la protesta pacífica” lanzando una mentira pero con tal sinismo y respaldo de los medios que al ser repetida bajo la primicia de “noticia en desarrollo” o de “el tema del día” se vuelve una verdad en el colectivo de los ciudadanos y se fija la idea de que en Colombia no se puede hacer uso al derecho a la movilización pacífica o que en Colombia se reprime este derecho. Y es tan efectiva esta estrategia publicitaria engañosa que hasta en el exterior del país la toman por verdad y cuestionan a nuestro Estado, nuestro gobierno, nuestra Fuerza Pública y nuestra democracia.
Es verdad que en los procedimientos para contrarrestar los actos violentos y vandálicos de los desadaptados, algunos miembros de la fuerza pública se exceden en el uso de la fuerza y de los medios para controlar los disturbios, y que esos hechos deben ser denunciados, investigados y sancionados. La Policía ha dado muestras de las investigaciones disciplinarias que ha abierto e igualmente que por transparencia las ha remitido a la Procuraduría General de la Nación para que utilice su poder preferente, pero otra cosa es pretender deslegitimar las actuaciones de tantas mujeres y hombres policias que les corresponde esta dificil labor.
Otra verdad es que existe tergiversación de la información por algunos medios de comunicación cuando los manifestantes realizan acciones por las vías de hecho que también representan violencia. Se ha llevado a la sociedad a aceptar expresiones de violencia como medios válidos de protesta “pacífica”, por ejemplo, cerrar todas las vías de acceso terrestre a la ciudad capital de Colombia atravesando vehículos, rocas, palos, que limita y doblega los derechos y libertades de los demás ciudadanos. ¿Que sucedió cuando una ciudadana en una vía de acceso a Cali trató de oponerse pacíficamente a unos buses llenos de indígenas del Cauca y no permitir su paso? Fue ultrajada, arrastrada por un grupo de indígenas hombres, como lo observó toda Colombia, sin embargo este hecho no tuvo ningún pronunciamiento de ese grupo indígena ni de los organizadores, ni de los órganos de control del Estado, ni de los medios de comunicación, ni ocupó ningun titular en la prensa escrita.
Al contrario, se observa que estas organizaciones de una forma muy bien manejada respaldan estas acciones sin cuestionar o dejar un mensaje de reproche por tomar estas vías de hecho, y al contrario dejan el mensaje que bloquear una vía, impedir la locomoción, afectar el derecho al trabajo, no son manifestaciones violentas, sino que son “pacíficas”, por que cuando dan la noticia manifiestan que “el bloqueo de la avenida de las Americas en Bogotá ha sido totalmente pacífico” sin embargo los buses no pueden circular, el portal ha tenido que ser cerrado, las personas no se pueden movilizar, los ciudadanos son amedrentados.
Otro ejemplo es, la forma como manejó una noticia que dio una emisora radial de Bogotá, cuando un ciudadano en Zipaquirá manifestaba que estaban secuestrados por que no los dejaban transitar ni en vehículo ni a pie por los bloqueos, pero la periodista nunca entrevistó a ninguno de los manifestantes para responder a esa denuncia que daba a conocer el ciudadano, ni a su alcalde, solo se limito a informar que el bloqueo transcurría en forma pacífica, mientras una fila de vehículos de varios kilómetros esperaba sin poder ejercer libremente su derecho a la locomoción.
Es evidente que el llamamiento a un paro prolongado tiene la finalidad de buscar la desestabilización del país, en lo económico, lo social, lo político, pero sobre todo en la seguridad pública, por que las reivindicaciones y reclamos, muchos de ellos justos y necesarios de los ciudadanos, desde el 7 de mayo lograron la atención y disposición del señor Presidente, quien con anterioridad ya había anunciado el retiro del proyecto de reforma tributaria y abrió una mesa de concertación llamando a los organizadores del paro y diferentes sectores a un diálogo para buscar la solución, sin embargo, estos grupos exigen condiciones inconstitucionales como la de retirar el grupo ESMAD de la Policía Nacional del control de los disturbios. Esta es una exigencia de los organizadores del paro que muestra total desapego, despreocupación e indolencia por la vida, la seguridad y la tranquilidad de la mayoría de los ciudadanos, y al contrario promotora del anarquismo y el vandalismo, pues busca dejar totalmente a la deriva a los ciudadanos, sin considerar todo lo que ha sucedido y está pasando aún y al contrario brindarle un espacio abierto a los delincuentes para que sigan hurtando, saqueando las caravanas de vehículos inmobilizados en los bloqueos y atacando a los ciudadanos que tratan de hacer valer sus derechos.
Muchos han sido los llamados del sector de la salud, de agremiaciones médicas, de sectores ciudadanos, de directivos de instituciones como el Bienestar Familiar, entre otros, quienes haciendo ver el estado de postración y en situación de súplica ante los promotores y participantes de la “protesta pacífica” abogando por los serios riesgos a la vida, la salud y la subsistencia de los ciudadanos, ya que no permiten la movilización de recursos e insumos de todo tipo por las diferentes rutas terrestres del país. ¿Donde está el pronunciamiento de los dirigentes de las centrales obreras y sindicales promotores del “paro” y de los sectores políticos tanto adeptos al gobierno como los grupos de oposición?. ¿Estos personajes dirigentes van a responder penalmente por las muertes, por la pérdida de recursos alimenticios, químicos y orgánicos indispensables para la prestación de algunos servicios públicos y por la gran afectación a la economía nacional a la cual se le exige que de educación gratuita, salarios mínimos para los que han perdido el empleo en la pandemia, ayudas económicas para jóvenes, adultos mayores, micro y medianas empresas y toda la serie de exigencias que necesariamente tienen implicaciones económicas que deben ser respaldadas por presupuestos para poder hacerlas viables?
Pareciera que movimientos como este han tomado el mal ejemplo de “negociar en medio del conflicto y la protesta violenta”, lo cual es inaudito y desequilibrado, y nuevamente se toman la representación de la gran mayoría de colombianos que no están de acuerdo con el vandalismo, la violencia y la agresión, para pasar por encima de la voluntad, los derechos y las libertades de los ciudadanos buenos que entienden la importancia de resolver grandes problemas de desarrollo humano, social, económico y político en nuestro país, pero que comprenden que para lograr esos cambios, además de las movilizaciones verdaderamente pacíficas, se requiere tener la tranquilidad y garantía de poder gozar plenamente de los derechos y libertades y de poder estar en una convivencia pacífica marcada por el respeto y la solidaridad, así no se esté participando en ellas.
Por: Cr. RP. Jorge Elías Salazar Pedreros
Vicepresidente Colegio de Coroneles
Vicepresidente Colegio Profesional de Administradores Policiales